En la variada gama de acciones delictivas que afectan a la sociedad, las armas de fuego y las armas blancas ocupan los lugares preponderantes. En Bogotá, con las primeras se han cometido este año el 62,7 por ciento de los homicidios, y con las segundas, el 33,4 por ciento. En total, 734 asesinatos han tenido lugar entre enero y julio, 245 de los cuales han involucrado cuchillos, navajas, puñaletas, manoplas y todo tipo de elementos cortopunzantes.

Aunque estadísticamente el panorama se ve desalentador, lo cierto es que en la ciudad ha habido una reducción histórica de los homicidios, gracias, entre otras cosas, a la efectividad de los cuadrantes de la Policía y a medidas adoptadas por la Alcaldía Mayor, como la restricción del porte de armas de fuego.

Infortunadamente, en esas mismas estrategias no ha habido espacio para abordar de manera firme una política de seguridad ciudadana que impacte la consecución, porte y uso de armas blancas, pese a que uno de cada tres asesinatos se comete con ellas y son las preferidas para el atraco callejero, verdadero karma de la ciudadanía.

Es con cuchillo o puñal como se ha asesinado a sangre fría a inermes seres humanos por robarles un celular; el arma blanca es la primera que sale a relucir en las riñas callejeras, la que se exhibe en los desafíos entre barras y pandillas y la misma con que se amenaza a la luz del día.

La lucha es desigual, sin duda. Las autoridades se ven maniatadas para actuar y la ciudadanía, indefensa ante la oferta de aparatos que, sin pudor, se venden hasta en los andenes invadidos por el comercio informal. No hay códigos que prohíban o limiten su porte, ni campañas que prevengan su empleo o comercialización; deshacerse de un arma cortopunzante en un retén policial es relativamente fácil. De ahí la imposibilidad de actuar con más certeza. Y si eso se hace, los efectos serán poco menos que frustrantes.

El año pasado, en la capital del país se incautaron casi 198.000 armas blancas, 542 por día. ¿Y ello de qué sirvió? De poco, a juzgar por las declaraciones del general Luis Eduardo Martínez, comandante de la Policía Metropolitana, pues, a menos que el involucrado haya cometido un delito, lo más probable es que quede libre.

Pero, por muy frustrante que se antoje la situación, las autoridades no pueden renunciar al propósito de combatir con firmeza el crimen que se ejecuta con ese tipo de objetos. Es imperativo trabajar en soluciones creativas, promover nuevas leyes o rescatar las campañas en favor del desarme. Con tal fin, no se puede dejar solas a las autoridades. El Legislativo bien puede revisar el asunto. Según el último reporte de Forensis, 2.444 personas fueron asesinadas en el país en el 2010 con armas cortopunzantes, 5,21 por ciento más que el año anterior.

En Bogotá, en lo que va del año, se han registrado 1.453 casos de hurto de personas mediante esta modalidad. Quizás ninguna medida persuada al delincuente, pero sí a quienes comercian con tales artefactos o a los dueños de establecimientos públicos, que controlarían mejor el ingreso de personas armadas, y a los mismos ciudadanos, que confiarían más en la efectividad policial.

En este espacio hemos insistido en la apremiante necesidad de perseguir y golpear el macabro negocio de las armas de fuego ilegales y contribuir así a seguir reduciendo los homicidios. Con la misma vehemencia, hoy se reclama un ataque frontal contra las armas cortopunzantes.

Nos lo exige el hecho de que pertenecemos a una sociedad que debe saberse libre de amenazas que atenten contra la integridad de los suyos, y nos lo reclaman quienes ya han sido víctimas de esta situación.