El anuncio del senador Roy Barreras de proponer una ley que permita utilizar la castración química para violadores reincidentes empieza a dar que hablar. Si bien se acepta, desde el punto de vista psiquiátrico, que estos sujetos no se pueden rehabilitar y, en cualquier caso, constituyen un riesgo permanente para la sociedad, la sola propuesta ha originado intensos debates. La castración química, pues, se empieza a discutir en el país, aunque la mayoría de las personas desconozcan con exactitud lo que esto significa.

La coyuntura y la indignación por los casos recientes son ingredientes que avivan la discusión. Mas, de ninguna manera pueden desviarla de la necesaria objetividad y seriedad que una decisión de este talante requiere, más en las circunstancias que caracterizan a la justicia colombiana.

Es claro que la propuesta no está inventando nada. Existen múltiples ejemplos, a lo largo de la historia, en los que, por motivos sociales, jurídicos y hasta religiosos se castraba -entendido esto como la extirpación de los testículos- a hombres y niños. Así se simbolizaba el poderío militar, se aumentaba el valor de los esclavos, se ponían a salvo esposas y concubinas de sus guardianes y hasta se aflautaban de manera dulce las voces de los cantores en coros y capillas. Como castigo para responsables de delitos sexuales repetidos, la medida tiene precedentes en el derecho medieval.

La castración química aparece en 1946 como un procedimiento alternativo de la castración anatómica en las situaciones que hoy se debaten, después de que se diseñó para complementar el tratamiento en caso de cáncer de próstata avanzado. Consiste en la aplicación de una droga que actúa a nivel cerebral y bloquea la producción de testosterona en los testículos, lo que inhibe significativamente el deseo sexual masculino.

Aunque el asunto parece sencillo, su implantación como medida de protección, incluso en países desarrollados y con eficientes sistemas judiciales, ha presentado dificultades, entre otras cosas, porque el "tratamiento" no garantiza de manera absoluta que los violadores no vuelvan a agredir. Además, no funciona en todos los casos, si se tiene en cuenta que los resultados dependen de las características psíquicas y emocionales de cada individuo, aparte de su edad.

Por si fuera poco, la medida, que en ningún caso puede ser asimilada a una pena, requiere un acompañamiento psiquiátrico exhaustivo y permanente, con un equipo interdisciplinario, que extiende su acción al entorno social y familiar del paciente, en el entendido de que la persona no estaría encerrada y en aislamiento, porque, de ser así, no sería necesaria la castración. De hecho, en algunos países se les realiza a presos que voluntariamente se quieran someter a este procedimiento.

Pero quizás el principal obstáculo que enfrentaría la puesta en marcha de la iniciativa en Colombia es la incapacidad del sistema judicial para identificar tempranamente a estos violadores, capturarlos, cualificarlos, juzgarlos, clasificarlos y confinarlos, y, consecuentemente, articularse con el sistema de salud para seleccionar a los que son aptos para el tratamiento y asistirlos de manera integral por el resto de la vida. Para la muestra, hoy, la violación es de los delitos con más alta impunidad y contra la que las imperativas acciones de prevención simplemente no existen

Eso no obsta para que alrededor del problema se abra un debate serio, fundamentado en argumentos técnicos y científicos y alejado de la retórica y el populismo, que ojalá se concrete en hechos que, por lo menos, le permitan a la sociedad recuperar la confianza en un Estado frente al cual violadores y otros criminales parecen ganarle la batalla.

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