Lo único que les faltaba a las Farc, después de haberse atrevido a llamar "prisionero de guerra" al periodista secuestrado Roméo Langlois, era proponerle al país, nada más y nada menos, que "un amplio debate nacional e internacional" sobre cómo deben cubrirse las noticias del conflicto colombiano. Según la versión de la guerrilla, hecha pública en un comunicado del 3 de mayo, el problema no son los 405 civiles que tienen retenidos ni los 4.500 menores que -de acuerdo con el ICBF- mantienen entre sus filas: el problema es que "los periodistas que llevan las Fuerzas Armadas en sus operaciones militares no cumplen el propósito imparcial de informar sobre la realidad, sino el de manipular".

Y, en un delirante arrebato pedagógico, aseguran que no devolverán a Langlois hasta que la opinión pública se pregunte qué pasaría "si un periodista que con sano criterio informativo acompañara unidades guerrilleras, resultara capturado tras un combate". Es increíble que las Farc todavía no sean capaces de entender que ha sido su comprobado desprecio por las vidas de los civiles lo que las ha deslegitimado ante el mundo entero. Que han sido sus constantes desmanes contra la población colombiana lo que las ha convertido en paria nacional e internacional.

El país, y la prensa en particular, debe rechazar de plano esta cínica salida de las Farc de venir a dar pautas de periodismo. Más bien, estas deben recordar su promesa de no secuestrar más civiles. Y el periodista francés lo fue durante el cumplimiento de su misión, que no puede tener terrenos vedados. Ni el reportero Langlois puede convertirse en un pretexto perverso para cuestionar la labor de la prensa nacional, ni las anacrónicas Farc están medianamente cerca de tener la autoridad para dar lecciones de principios periodísticos.

Reducir a "una manipulación" el hecho de que tantos estamentos del mundo, como Human Rights Watch, la Asociación de Editores de Diarios (Andiarios), o la Flip, les estén exigiendo la liberación inmediata y sin condiciones del periodista francés no es nada más que otra infamia. Dejarlo en libertad es su obligación, antes que explotar su secuestro con perversos fines mediáticos y políticos. No hacerlo sí que es un atentado contra la libertad de informar.

editorial@eltiempo.com.co