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Editorial: El asilo de la discordia

Editorial
Tras dos meses de incertidumbre, el gobierno ecuatoriano finalmente le concedió asilo al fundador de WikiLeaks, Julian Assange. Al dar a conocer la decisión, su canciller, Ricardo Patiño, argumentó que "existen serios indicios de retaliación por parte del país o los países que produjeron la información divulgada por él, represalia que puede poner en riesgo su seguridad, integridad e incluso su vida".
Así termina una incertidumbre que comenzó el 19 de junio. Ese día, Assange ingresó a la embajada ecuatoriana ubicada en el glamuroso barrio londinense de Knightsbridge. Al tomar esta decisión, el periodista australiano incumplió las condiciones impuestas por el juez que le concedió libertad condicional mientras se resolvía la petición de extradición de Suecia, donde es acusado de violación, abuso sexual y coacción.
La decisión del presidente Rafael Correa no fue bien recibida por el Reino Unido, que llegó incluso a sugerir una irrupción en la sede diplomática amparado en una ley que permite revocar el estatus diplomático a una representación de otro país.
Y aunque ya parece descartada esta opción, no hay ninguna señal de Londres sobre el salvoconducto que necesitaría Assange para tomar el avión que lo pondría en territorio ecuatoriano. Pareciera como si los británicos supieran de la ansiedad y la depresión que, según dicen, comienza a mostrar tras demasiados días en la pequeña oficina donde le instalaron su cama.
En medio de las especulaciones sobre el desenlace que han llegado incluso a poner al protagonista en una valija diplomática rumbo a Quito, muchos han señalado lo paradójico que resulta ver a un gobierno que se ha caracterizado por obstaculizar la labor de los medios ofrecer asilo a quien aparece ante el mundo como un adalid de la libertad de expresión.
Pero se trata de dos asuntos de muy diferente resorte. Los frecuentes obstáculos de Correa a la libertad de expresión en su país no pueden ser argumento para negarle a Assange el derecho de asilo, un mecanismo internacional que las naciones soberanas deben acatar. De ahí que si Ecuador decidió otorgárselo, el gobierno británico hará bien en autorizar el viaje y evitar así ser el país que ponga en entredicho pactos de rigor en la alta diplomacia.
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