Cada año, entre marzo y junio, al igual que entre octubre y noviembre, surgen picos de enfermedad respiratoria aguda en Bogotá que ponen en riesgo la salud y la vida de niños menores de 5 años y adultos mayores. Pero, tristemente, se siguen presentando complicaciones y muertes por esta causa, que podrían evitarse. Así lo evidencia el reciente balance de la Secretaría de Salud, según el cual de enero a marzo se han presentado miles de casos que han dejado 32 muertes, nueve más que en el mismo periodo del año anterior.

¿Qué ha pasado en la ciudad del país que, se supone, está más preparada para estas contingencias cíclicas? Aquí ha confluido una serie de factores que son modificables. Por ejemplo, se sabe que hay fallas protuberantes en los programas de promoción y prevención, que son responsabilidad tanto del sector oficial, en este caso la Secretaría, como de las EPS.

Si estos planes funcionaran, no solo estarían identificadas las zonas donde se concentran las poblaciones más vulnerables; también operarían en ellas programas permanentes para ilustrar a la gente sobre los signos de alerta para consultar. Esto implica una eliminación total de las barreras de acceso a los servicios asistenciales, la integración operativa de las redes hospitalarias públicas y privadas y la disponibilidad de recursos y especialistas suficientes. Y en eso se está fallando.

Hoy hay servicios de pediatría con ocupaciones de hasta el 200 por ciento, lo que también aumenta el riesgo para los pacientes. Se suma el hecho de que ha habido un cierre sistemático de servicios con el argumento de que no son rentables, denunciado por la Sociedad Colombiana de Pediatría.

La actual administración ha prometido la apertura de 80 camas, que no compensan ni las 350 cerradas en menos de un año ni las que ya no se tenían. Falta mayor esfuerzo. No hay disculpas.
Bogotá tiene la capacidad para lograr que su sistema de salud marque la diferencia con el resto del país; es hora de que sus dirigentes pasen en este tema de los anuncios a la práctica. Es urgente que la población en mayor riesgo, sobre todo niños y adultos mayores, esté cubierta por un sistema integral y preferencial que evite que en seis meses vuelvan a contabilizarse muertes por esta causa, y los responsables de evitarlas esgriman las mismas justificaciones.

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