Dos días antes de iniciarse la temporada taurina en la plaza de toros de Santamaría, el alcalde Gustavo Petro salió al ruedo y tomó partido del lado de quienes están en contra de este espectáculo. La decisión de quitarles piso a los toros en la capital, de no enviar representación oficial a la presidencia de la corrida y cerrar los palcos asignados a la alcaldía, y de no permitir patrocinios oficiales de los toros, además de plantear la revisión del contrato con la Corporación Taurina de Bogotá, calentó una polémica cada vez más enconada, no solo en Colombia. Recordemos que, con claras connotaciones políticas, los toros fueron prohibidos en Cataluña, que el año pasado dio su último festejo en Barcelona. Y en Ecuador no se matan los toros en el ruedo. (Director de EL TIEMPO, Roberto Pombo, habla de la polémica en La W)

Como principio, todo debate en buenos términos es sano y válido. El alcalde, como cualquier ciudadano, está en el derecho de gustarle o no los toros. Mas, por tratarse de la máxima autoridad de la capital, donde está la primera plaza del país, su posición cobra connotaciones especiales y avivó la polémica sobre la fiesta brava, cada vez más brava.

Los taurinos habían logrado un triunfo cuando la Corte Constitucional respaldó la continuidad de las corridas al calificarlas de expresión cultural y artística, aunque frenaba su propagación. Ese es un respaldo legal incuestionable. Y nadie puede negar que este arte, herencia española (como el idioma de Cervantes, al decir del torero César Rincón), es milenario y arraigado en nuestras tradiciones.

De otro lado, más allá de las posiciones de defensa de los animales, aquí hay consideraciones fundamentales. No puede imperar un principio de prohibir por prohibir lo que no comparto. Tampoco el desconocimiento de los derechos y aficiones de las minorías. Ese camino conduce a arenas movedizas. Pero, además, detrás de esta fiesta en torno al toro de lidia hay opciones de vida, hay toda una industria económica que mueve miles de empleos directos e indirectos, desde los estratos más humildes. Y el toro del desempleo también mata.

Así que, sin desconocer la validez de la polémica civilizada, que a lo mejor lleve a entendimientos y concesiones de las partes, corresponde evitar que terminen atropellados ciertos derechos y libertades constitucionales.

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