Son lecciones que debemos abordar de inmediato.

    Un verdadero infierno. Así describen algunos sobrevivientes lo vivido en el incendio de la cárcel hondureña de Comayagua. Con más de 350 reos muertos, la tragedia centroamericana se convierte en la peor sucedida en prisiones latinoamericanas en el último cuarto de siglo.

    Si bien no hay claridad aún acerca de los orígenes de la conflagración -circulan versiones sobre un motín o un cortocircuito-, no existe duda alguna sobre el elevado índice de hacinamiento que se vivía en ese penal. En una instalación con capacidad para 250 internos, las autoridades penitenciarias hondureñas habían encerrado a unas 850 personas.

    Los centenares de víctimas calcinadas remiten no solo a un escenario dantesco, sino a una inevitable pregunta: ¿podría suceder un siniestro similar en nuestro país? A fin de cuentas, al igual que Honduras, Venezuela y otros países de la región, Colombia sufre una permanente crisis carcelaria, que incluye tanto preocupantes tasas de hacinamiento, como un continuo flujo de detenidos por narcotráfico y otros delitos.

    El debate sobre dicha situación no es nuevo en América Latina. En la mayoría de los países, la población tras las rejas ha aumentado en alta proporción en los últimos 20 años. Con preocupante frecuencia, motines, huelgas y tragedias como la de Comayagua llaman la atención sobre las difíciles condiciones de habitabilidad y de derechos humanos que miles de presos sufren en las penitenciarías latinoamericanas.

    Un caso cercano ocurrió en junio pasado con el motín violento en la prisión venezolana de El Rodeo. Aunque situaciones como las arriba mencionadas no se han presentado en Colombia, el estado de los establecimientos de reclusión bajo el Inpec dista de ser el mejor.

    En cualquier momento en este año, el sistema penitenciario nacional cruzará la frontera de los 100.000 internos en sus 142 centros. A pesar de la construcción de varias cárceles en los últimos años y del aumento consecuente del número de cupos, el ritmo de crecimiento neto mensual ronda los 1.000 reclusos. En otras palabras, más se demora el Estado en construir prisiones que el ejercicio de la política penal en llenarlas de reos.

    Ese desequilibrio conduce a niveles de hacinamiento que a principios del 2011 llegaban al 25 por ciento y que atentan contra los derechos humanos y la dignidad de los detenidos. A lo anterior se añaden generalizados esquemas de corrupción dentro de los centros penitenciarios, que trafican con los más básicos servicios y negocian privilegios ilícitos como celulares y lujos para reos con poder y dinero. El año pasado, varias de estas redes fueron descubiertas y denunciadas por medios de comunicación y en debates en el Congreso de la República.

    No obstante, el Gobierno desechó la opción de eliminar el Inpec y tomó el camino de la reestructuración y la creación de una unidad en el Ministerio de Justicia para supervisar, en especial, la construcción de nuevas prisiones y la prestación de servicios carcelarios. De hecho, en los planes gubernamentales de los próximos 4 años están 6 centros de reclusión con capacidad para 25.000 internos.

    Otro frente de acción en este campo se relaciona con el diseño de una efectiva política penal. Se encuentra en trámite un nuevo código penitenciario, cuyo borrador podría enriquecerse con iniciativas para fortalecer la resocialización o para reforzar la vigilancia de las concesiones al sector privado.

    El infierno de Comayagua es un macabro recordatorio de los riesgos de un sistema carcelario con hacinamiento crónico. Son lecciones que debemos abordar de inmediato.

editorial@eltiempo.com.co