Esto es lo que pasa cuando un sistema de salud acaba regido por las dinámicas de oferta y demanda.

    El mundo al revés: ningún otro calificativo le cabe al cierre de servicios pediátricos en un país en el que el 35 por ciento de la población es menor de 18 años, y en donde por ley todos los niños tienen garantizado el acceso igualitario a los servicios de salud.

    De acuerdo con denuncias hechas por el capítulo bogotano de la Sociedad Colombiana de Pediatría, clínicas y hospitales, especialmente privados, están tomando la decisión de clausurar esta atención especializada con el argumento de que ya no resulta rentable. El caso más reciente, y que encendió las alarmas, es el de la Clínica Palermo, en la capital, que despidió a 22 especialistas. Lo precedieron cierres similares en las clínicas del Occidente, Policarpa Salavarrieta y Epsiclínicas, las dos últimas del Grupo Saludcoop. Otros hospitales también han venido disminuyendo progresivamente el número de camas para atender a niños y adolescentes del territorio nacional.

    Este es el ejemplo clásico de lo que pasa cuando un sistema de salud que debería girar en torno a las necesidades y el bienestar de los ciudadanos acaba regido por las dinámicas de oferta y demanda del mercado. En el caso colombiano, agravado, además, por el enrevesado flujo de recursos, que pone en riesgo la viabilidad financiera de algunos prestadores.

    Eso ha obligado a que los hospitales se muevan con una lógica que voces del sector han calificado de perversa: como se sostienen a partir de la venta de servicios, tienen que privilegiar los que hagan crecer su facturación, es decir, los más caros.

    Lo que pone a los niños en el peor de los escenarios, pues, en buena medida, las enfermedades y dolencias infantiles, como las diarreas, los problemas respiratorios y las infecciones, requieren intervenciones poco costosas. A dicha circunstancia se suma el hecho de que las unidades pediátricas necesitan vigilancia permanente de enfermería, recursos especializados (como laboratorios) y la coordinación de especialistas. Al resultar contablemente poco favorables para algunos centros asistenciales, los servicios para los pequeños terminan remplazados por otros más rentables para el negocio, como la cirugía para adultos y de alto costo. Cabe preguntar: ¿en dónde quedan los criterios de habilitación de estos hospitales, que están en la obligación de ofrecer servicios pediátricos? Las autoridades tienen la palabra.

    Vale aclarar que no todas las instituciones siguen tal lógica, y dentro de la responsabilidad social que les cabe hacen esfuerzos y ajustes internos que les permiten mantener abiertas las unidades respectivas. Son, claro está, los que deben enfrentar la alta demanda de atención de estos pacientes, a los que otras entidades les cierran las puertas.

    A la denuncia hecha la presente semana hay que agregar la voz de alerta lanzada por el secretario de Salud de Bogotá, Jorge Bernal. El funcionario, que reconoce que en la ciudad ya hay déficit de especialistas en áreas de pediatría, mostró su preocupación por el efecto de los picos epidemiológicos de infecciones respiratorias que se avecinan y que pueden llevar a miles de niños a los hospitales.

    Es perentorio que las EPS, obligadas a ofrecer atención de calidad a todos sus afiliados, entiendan que también tienen cuota de responsabilidad en la situación y ayuden a buscar la forma de resolver el problema, pues el cierre progresivo de servicios no solo obligará a los pacientes a enfrentar congestiones y demoras, sino que encarecerá el valor de los que se mantengan abiertos. La prioridad, en todo caso, deben ser los niños, a quienes asiste el derecho a ser tratados como tales y no como adultos pequeños.

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