La salud en Colombia es un derecho fundamental.Su ejercicio debe garantizarse en condiciones de igualdad para todos, con eficiencia y con calidad, pero teniendo claridad de que debe ser sostenible. Esta condición, derivada de la jurisprudencia y de los conceptos de la Corte Constitucional, específicamente en la sentencia T-760 del 2008, exige regular sus alcances, a través de una ley estatutaria.

Esto quiere decir que, sin violar la esencia integral y estructural, debe definirse claramente cuál es el grado de exigibilidad de todos los colombianos. Sin perder de vista que los recursos para la salud son limitados, lo que hace imposible otorgar beneficios infinitos a la población, sobre todo ahora que el sistema de salud afronta serias dificultades económicas.

Con este diagnóstico, el Gobierno tiene una compleja operación. Debe presentar un proyecto de ley estatutaria que garantice el derecho a la salud, mida sus resultados con indicadores sanitarios y no financieros, beneficie a todo el mundo y elimine las inequidades, pero sin recortar servicios y con un uso racional de los recursos. Menuda tarea. Pero es factible, siempre y cuando medien la voluntad política de hacerlo y la intención cierta de privilegiar las necesidades de la población, por encima de los intereses particulares de los actores del sector. Así que el proyecto de ley estatutaria, radicado por el ministro de la Protección Social, Mauricio Santamaría, es propicio para que en el proceso de aprobación se abra la discusión y todos pongan sus cartas sobre la mesa.

Se necesita un análisis serio, profundo, objetivo y centrado sobre el curso que ha tenido la salud en los últimos 20 años. Y eso incluye no sólo sus aciertos, también abordar, sin tapujos, temas como la corrupción, el desorden y el desangre económico que ha padecido en este tiempo. El proyecto regula parcialmente el derecho a la salud y los principios que priorizan al afiliado sobre una base de promoción de la salud y la prevención de la enfermedad, en un contexto de igualdad, solidaridad, equidad y universalidad.

Se trata, sin duda, de un buen comienzo. También lo sería que se entendiera que los límites para el bienestar de los colombianos, en términos de salud, están definidos por lo que en realidad necesitan para mantenerse sanos, y eso debe ser definido por los médicos y no por los jueces, que muchas veces fallan sobre demandas inducidas.

En ese sentido, el contenido de los planes de beneficios debe estructurarse sobre los perfiles epidemiológicos del país, la carga de la enfermedad y la evidencia científica. Sin duda, si los médicos y demás profesionales de la salud son capaces de autorregularse, con los recursos existentes podrían brindarse servicios con calidad y oportunidad.

Esto exige revisar, exhaustivamente, la intermediación, la falta de control de los precios de medicamentos e insumos, los gastos suntuarios y el desorden de los sistemas de información, entre otros, para establecer cuánto le está costando al sector de la salud.

Lo ideal es que los actores del sistema obtengan utilidades razonables y justas, pero jamás en detrimento de la atención de los pacientes y de la autonomía de los médicos.Así mismo, hay que mirar con cuidado la propuesta de que la gente responda por su salud con autocuidado, para que no se convierta en un sistema para culpar a la gente por sus problemas médicos.

El debate invita a pensar en la salud de la gente. No sólo en torno al proyecto de ley estatutaria, sino también al de ley ordinaria, que cursa en el Congreso. El país espera mucho de estas propuestas, pues no puede volver a equivocarse en el manejo de un tema tan sensible y vital para todos los colombianos.

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