Es hora de pensar en la gente, en los pacientes; es tiempo de hablar de salud.

    El país aplaude los esfuerzos del Gobierno por destapar toda modalidad de corrupción mediante la cual se han esquilmado, en forma continua, los recursos del sistema de salud. Urge ahora pensar en los correctivos de fondo que se adoptarán.

    Y uno de ellos consiste en darle, de una vez por todas, la debida importancia al tema de la salud y el bienestar de los colombianos, pues no se puede perder de vista que los efectos dañinos de este saqueo han trascendido lo financiero e impactado la vida de los ciudadanos.

    Hay que reconocer que el Estado ha hecho grandes esfuerzos por garantizar el servicio para la gente. Gracias a eso, hoy la mayoría de la población está cubierta por un esquema que es más equitativo que hace dos décadas, y un inmenso número de familias pobres tienen atención subsidiada por el Estado. Además, disminuyó el gasto de bolsillo de las personas en salud y hoy Colombia destina 7,9 puntos del PIB a financiar el sistema. Esa es una realidad.

    Infortunadamente, la enorme inversión de dinero, que actualmente bordea los 30 billones de pesos anuales, no se compadece con los resultados de algunos indicadores claves de salud de la población.

    Distintos estudios demuestran, por ejemplo, que la tendencia a la baja de las muertes evitables se estancó a partir de 1993, año en que se expidió la Ley 100, que creó el Sistema General de Seguridad Social.

    No se entiende cómo en un país que registra una cobertura superior al 90 por ciento, todavía se presente una tasa de mortalidad de 59 mujeres por cada 100.000 nacidos vivos, según datos oficiales.

    Persisten, además, las inequidades en materia de mortalidad infantil, que es un 42 por ciento más alta en la región del Pacífico que en la oriental y un 220 por ciento mayor entre la gente más pobre del país.

    También es lamentable que hagamos parte del grupo de naciones de América Latina que presentan los peores indicadores en una enfermedad de la Edad Media como la tuberculosis. Sin hablar del rápido crecimiento que han registrado los males transmitidos por vectores como el dengue, la fiebre amarilla y la malaria, que desdibujan las acciones en salud pública puestas en marcha durante los últimos años.

    En este preocupante diagnóstico, capítulo aparte merece la calidad de los servicios que reciben las personas. De nada sirve que estén afiliadas y que exhiban un carné que las acredita como tales, si deben enfrentarse a barreras administrativas que les dificultan el acceso a citas con especialistas, a exámenes y pruebas diagnósticas y a procedimientos y medicamentos a los que incluso tienen derecho.

    Prueba de ello es que un alto porcentaje de las tutelas interpuestas por los ciudadanos durante años contra las empresas promotoras de salud reclamaban servicios que estaban contenidos en su plan de beneficios (POS).

    Por eso, es válido preguntar si detrás del hecho de que en Colombia hoy se pierdan 279,5 años de vida saludable por cada mil habitantes (105,5 más que en 1995) está la falta de programas serios de promoción y prevención y de calidad de los servicios.

    Sin importar adónde nos lleve el actual debate, es imperativo que las decisiones que se tomen en adelante sobre el sistema partan de la búsqueda del bienestar de los colombianos.

    Lograrlo requiere más una cabeza fría que sea capaz de poner en una balanza los logros y los desaciertos, y proponer salidas coherentes. Acabar con todo, hacer tabla rasa, es equivocado y temerario. Es hora de pensar en la gente, en los pacientes; es tiempo de hablar de salud. El mensaje es más claro ahora que nunca.

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