En esto de la educación falta mucha tarea por hacer en Colombia.

    La corrupción es un mal que hace metástasis en Colombia. Dentro de todas las modalidades de robo del erario que se han venido descubriendo -carruseles de la contratación, subsidios para familias ricas y pensiones infladas ilegalmente, entre otras-, ahora se está destapando una que causa mayor indignación, pues lesiona gravemente el futuro del país. Se trata del cobro de más de 132.000 millones de pesos en subsidios girados por la Nación para la matrícula de 97.000 niños que, literalmente, no existen.

    Varias auditorías ordenadas por el Ministerio de Educación -y reveladas por EL TIEMPO desde julio del año pasado- dan cuenta de que, en diferentes entes territoriales, hay una red de funcionarios que se idearon este singular y descarado mecanismo de 'crear niños' para asaltar las arcas estatales.

    La cifra deja en evidencia dos cosas. La primera, que el aumento de la cobertura de la educación en Colombia tiene que ser examinado a la luz de dicho hallazgo. Y la segunda, que es probable que por cuenta de la red de corruptos, varios miles de niños 'de verdad' no hayan podido estudiar o que no se haya podido dotar adecuadamente a centenares de instituciones.

    Pero los tentáculos de este asalto al erario parecen ir mucho más allá. La propia ministra María Fernanda Campo le admitió al presidente Juan Manuel Santos que, con base en las matrículas falsas, se definió la inversión en el número de docentes, la alimentación escolar y hasta la contratación de transporte en los planteles involucrados. Lo que lleva a concluir que el boquete es mucho más grande de lo que se calcula y que hay más personas implicadas en lo que es un gran robo.

    La gratuidad de la educación, un plausible esfuerzo de los últimos gobiernos, también se ve opacada por tal tipo de trampas, que deben ser desactivadas de inmediato y castigadas con toda severidad, sin importar el nivel de los funcionarios que estén envueltos en el ilícito.

    Al respecto, desde que se dio el primer campanazo de alerta, hace ya siete meses, el expediente se les trasladó a los organismos de control sin que aún se conozcan avances de las pesquisas. Por el contrario, hay autoridades de Buenaventura, Riohacha, Turbo y Soacha, entre otros municipios, que han salido a refutar la denuncia y a atribuirla a ligerezas en la recolección de la información y hasta en su interpretación.

    Por eso, es necesario que las cifras y visitas a las 94 secretarías de educación, que sustentan el expediente, sean verificadas en su integridad y avaladas por la Contraloría General. Además, que la Procuraduría y la Fiscalía procedan de inmediato a identificar a los funcionarios y exfuncionarios municipales que se atrevieron a echarles mano a dineros que deberían ser sagrados.

    Otra tarea urgente es que el Ministerio de Educación habilite mecanismos para girar los subsidios escolares (cerca de 1'300.000 pesos por cada niño) solo cuando tenga la certeza de que, detrás del nombre, existe realmente un colombiano de carne y hueso que los necesite.

    Redoblar los esfuerzos en esta materia, para evitar que se cometa un atentado contra la niñez y contra el presupuesto nacional, es tan importante como que el Ejecutivo proceda a descontarles a los entes territoriales el dinero que recibieron de más por los niños fantasma que nunca pisaron un aula de clases.

    Finalmente, es igual de urgente que se aclare si, tal como se sospecha en el Gobierno, también hay colegios inexistentes que el Estado ha venido sosteniendo y en los que no hay alumnos, ni profesores, ni vergüenza. Así, pues, en esto de la educación falta mucha tarea por hacer.

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