La legislación del uso de las motocicletas sigue siendo obsoleta.

    Vuelve la controversia alrededor del auge de motocicletas en el país, principalmente en los centros urbanos. Esto es síntoma de que el fenómeno no ha sido abordado con la sensatez y la profundidad que amerita.

    Su número ya supera ampliamente al parque automotor tradicional, incluyendo al transporte público. La cifra más conservadora habla de casi 3 millones de vehículos de este tipo en el territorio nacional, uno de los más altos de América Latina, por encima, incluso, de Brasil, pero por debajo de República Dominicana, donde 6 de cada 10 vehículos son motos.

    Varias razones explicarían tal vertiginoso ascenso, palpable igual en ciudades grandes y pequeñas. Además de su versatilidad, rapidez y economía, se convirtieron en una alternativa de trabajo para miles de personas. Hasta nuestros campesinos, otrora empecinados ciclistas con sus productos a cuestas, prefieren moverse hoy en una motocicleta a través de empedrados caminos y veredas.

    En las ciudades grandes, como Medellín, con 300.000 unidades en sus calles, o Bogotá, con 270.000, existe un elemento adicional: el caos vehicular. Hay horas en las que prácticamente las vías se paralizan y resulta más cómodo movilizarse en moto. Y ni qué decir de la pésima oferta y del servicio del transporte público y colectivo, culpables en buena medida de haber expulsado a muchos pasajeros que optaron por esta alternativa.

    Semejante demanda, que para algunos ha permitido dinamizar un renglón de la economía y generar nuevas fuentes de trabajo, para otros ha traído como consecuencia un inusitado incremento del número de accidentes y víctimas fatales -el año pasado hubo más de 2.000 motociclistas muertos en el país- y un nuevo motivo de conflicto entre los usuarios de tales vehículos y los conductores de carros particulares y peatones.

    Y es aquí donde debe abordarse el debate con sindéresis y sin apasionamientos. No se trata de estigmatizar a aquellos por cuenta de que encontraron una mejor opción a la hora de trabajar y de desplazarse o por puro placer. A los motociclistas Tampoco se los puede responsabilizar del mal comportamiento en la vía, donde todos, en mayor o menor grado, contribuimos a la matonería y la agresividad.

    Expertos como Ángel López, director del Departamento de Movilidad de Barcelona (España), y Ricardo Montezuma, que ha estudiado el problema en profundidad, incluso en una de sus ramificaciones más complejas, el mototaxismo, atribuyen a la industria del sector parte de la mala imagen reinante, pues ha estado por debajo del reto que le impone esta nueva realidad, particularmente en el desarrollo de implementos que ayuden a la seguridad y la protección.

    Por su parte, la legislación en la materia sigue siendo obsoleta, más propia de los tiempos en que las motos eran toda una novedad y alejada de los desafíos que hoy representan. Es urgente un código que regule tanto los derechos de los motociclistas como sus deberes con la sociedad.

    El Plan de Seguridad Vial que ha anunciado el Ministerio de Transporte sigue sin mayores avances, mientras en la calle se libra una batalla diaria entre conductores de unos y otros vehículos. Lo deseable es que las normas que se proyectan ataquen decididamente fenómenos como el mal comportamiento en las vías, metan en cintura las escuelas clandestinas y las mafias que han florecido alrededor de dicha actividad, e incluyan medidas que ya son necesarias, como la implantación de peajes para motos -en México, Argentina y Panamá ya existen-, impuestos graduales y una contabilización seria de cuántas circulan, pues todo apunta a que hay un subregistro que preocupa.

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