El presidente de Estados Unidos, Barack Obama, acaba de dar un giro importante a la política antinarcóticos. El martes pasado, al presentar el nuevo Plan Nacional sobre Drogas, se apartó del tradicional énfasis en la represión policial de los drogadictos y optó por darles tratamiento de enfermos. Un comunicado de la Casa Blanca señaló que "décadas de estudios científicos demuestran que la adicción a las drogas no es un fallo moral de los individuos, sino una enfermedad mental que puede prevenirse y tratarse".

Así, pues, este año Washington destinará 25.000 millones de dólares a programas de rehabilitación y reinserción de adictos y a operaciones policiales.

En el mensaje que envió Obama al Congreso para sustentar su propuesta aduce que "demasiados estadounidenses necesitan tratamiento por problemas relacionados con el consumo de estas sustancias, pero no lo reciben". Si el Congreso aprueba el programa, habrá más clínicas de desintoxicación y menos juzgados para procesar y condenar a los consumidores.

Ni siquiera con mucho optimismo podría pensarse que el cambio en la política antinarcóticos de Estados Unidos es consecuencia de la Cumbre de las Américas, donde varios países latinoamericanos plantearon la necesidad de debatir la legalización.
El proyecto de ley que incorpora la nueva filosofía de recuperación de los enfermos estaba aprobado en los círculos del gobierno desde mucho antes de la reunión de Cartagena. De hecho, en agosto del 2010, Obama ya había mostrado el camino distinto cuando logró que el Congreso revocara una ley de 1986 que establecía largas condenas para quienes poseyeran ciertas sustancias narcóticas como el crack. Merced a esta ley, el número de presos por tenencia de drogas pasó de 5.000 en 1980 a cientos de miles treinta años después.

La posición que adopta ahora el Gobierno obedece a razones absolutamente prácticas: es imposible seguir llenando las cárceles de Estados Unidos con drogadictos. Ese país tiene hoy más de 2 millones de internos, más que en la peor época del Gulag soviético, como observó el escritor norteamericano Adam Gopnik.

La proporción es de 760 prisioneros por cada 100.000 habitantes, muy superior a la de otros países desarrollados (Japón tiene 63, Alemania 90 y Francia 96) e incluso a la de sociedades gravemente afectadas por la violencia de los narcos, como México (208), Brasil (242) y Colombia (245).

No todos ellos corresponden a delitos relacionados con las drogas, naturalmente. Pero más de la mitad de los internos de las prisiones federales están allí por transgredir las leyes que rigen el consumo y tráfico de sustancias sicotrópicas. De ellos, la inmensa mayoría son meros consumidores. Según la revista Time, cuatro de cada cinco arrestos tienen como justificación la posesión. Es decir, se trata de adictos, no de criminales. Hace tres años, la policía norteamericana detuvo a 1,66 millones de ciudadanos acusados de violar las leyes sobre narcóticos, muchos más que los sindicados de atracos o hurtos. Una elevada proporción pertenece a las comunidades afroamericanas y latinas, las más afectadas, al mismo tiempo, por el desempleo juvenil y la pobreza.
A la tensión social que crean las cifras torrenciales de arrestos se suma la presión presupuestal. Un preso cuesta al Estado 45.000 dólares al año, mientras que un estudiante universitario, 8.667.

El nuevo Plan Nacional sobre Drogas busca sacar a miles de adictos del sistema carcelario y ponerlos en manos de especialistas en salud pública. Bien puede ser una primera etapa hacia la lejana despenalización y la legalización.

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