La noticia sobre la incautación hecha por la Policía Nacional en el Vaupés de 17 toneladas de coltán -un mineral compuesto de columbio y tantalio que tiene aplicaciones industriales- ha vuelto a poner de presente el negocio de la minería ilegal en Colombia. Según las autoridades, los dueños del cargamento tienen nexos con el cartel de Sinaloa, en México, con lo cual se ve cómo las organizaciones criminales que se hicieron fuertes por cuenta del narcotráfico empiezan a diversificar sus fuentes de ingreso.

Lo sucedido constituye un nuevo campanazo de alerta respecto a un asunto que ha superado la capacidad de respuesta de las instituciones colombianas. En un buen número de municipios se han multiplicado las explotaciones que se desarrollan sin permiso y que de manera creciente están controladas o pagan 'peaje' a los grupos armados de todo tipo, desde las Farc y el Eln hasta las 'bacrim'.

Aunque este no es un fenómeno nuevo, ha registrado un incremento notable, de la mano del alza en los precios de las materias primas en los mercados internacionales, desde mediados de la década pasada. El caso más destacable es el del oro, que el viernes pasado cerró a 1.770 dólares la onza, unas cuatro veces más que en septiembre del 2005.

Semejante situación explica el arranque y la creciente velocidad de la locomotora minera. Las cuantiosas inversiones hechas en el sector le han cambiado la cara a la economía colombiana, que ahora deriva casi tres cuartas partes de sus exportaciones de las ventas de petróleo, carbón, oro y ferroníquel.

Aun así, a los vagones del tren se han subido polizones que requieren tratamientos diferentes. Un grupo grande está constituido por mineros artesanales, que buscan arañarle a la tierra una parte de la bonanza. Otro incluye a empresarios informales que llevan años dedicados al mismo negocio sin contar con los títulos que exige la ley.

Un tercero, en cambio, tiene detrás a verdaderos emporios criminales, que a punta de sobornos o intimidaciones imponen su voluntad a sangre y fuego. Algunos se ubican en áreas remotas durante años, mientras que otros son nómadas modernos, que en lugar de tiendas de campaña viajan con retroexcavadoras y dragas a cuestas.

Si bien hay informalidad en las canteras que sacan materiales para la construcción o en los socavones de donde se extrae el carbón, los mayores problemas se presentan en las zonas auríferas. Dado su elevado valor, el oro es fácil de transportar, de refinar y de vender. De las 57 toneladas del metal que produce el país al año, apenas una cuarta parte la extraen las compañías que cumplen con las reglas de juego, ya sea de capital nacional o extranjero.

Más preocupante todavía es que el daño ambiental es inmenso. Un sobrevuelo a baja altura por áreas del sur de Bolívar, Antioquia, Córdoba o Chocó, así como por partes de la frontera con Ecuador y Brasil, muestra las heridas que han sufrido selvas y riberas, muchas irreparables. A lo anterior hay que agregar el envenenamiento de los ríos por cuenta del uso indiscriminado del mercurio para aglomerar el oro que sale tras cernir toneladas de arena y barro.

Como si lo anterior fuera poco, la búsqueda del metal amarillo deja tras de sí una estela de violencia. Si se contrasta el mapa de asesinatos o extorsiones en las zonas rurales con el de los municipios en donde hay yacimientos, es evidente una alta correlación entre unos y otros.

Enfrentar semejante desafío no es asunto fácil. La actual administración ha ejecutado acciones que han incluido la incautación de maquinaria y una mayor supervisión de los procedimientos de aprobación de licencias. También hay un esfuerzo de formalización en marcha, con el fin de incorporar a la legalidad a personas y comunidades que tradicionalmente han derivado su sustento del sector y con las cuales se puede trabajar en la incorporación de técnicas ecológicamente responsables.

Son decenas de miles las personas que hoy en día viven de alguna actividad minera en el país y ello exige mucho tacto a la hora de dividir a buenos y malos. Ciertas acciones represivas, incluso, han terminado en paros y protestas que han podido resolverse con dificultad.

Sin embargo, es indudable que hay que hacer más. En tal sentido, es bienvenida la redacción de un documento para consideración del Conpes, en el cual se asignarán responsabilidades a siete ministerios y un buen número de entidades estatales.

Romper los eslabones de la cadena criminal y corrupta de la minería requiere mucha voluntad y la cooperación de varios países. En tal sentido, hay que saludar el pronto nacimiento de una decisión de la Comunidad Andina que aprueba la política subregional contra este flagelo y que incluye facultades "para decomisar e incautar, inmovilizar, destruir, demoler, inutilizar y neutralizar los bienes, maquinaria, equipos e insumos utilizados".

Dado su carácter de norma supranacional, la nueva herramienta permitirá dar un salto inmenso en una lucha que apenas comienza y en la que no se puede dar marcha atrás. Colombia, que ha pagado una enorme cuota de sacrificio en el combate de la delincuencia organizada y que puede progresar mucho si hace buen uso de sus riquezas minerales, no puede desfallecer en este empeño.

editorial@eltiempo.com.co