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Editorial: La declaración de Bogotá

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El llamado hecho por un grupo de ciudadanos para que no sea debilitado el Sistema Interamericano de Derechos Humanos debe ser escuchado también en Colombia.

No han sido buenos los últimos tiempos para el Sistema Interamericano de Derechos Humanos (SIDH), conformado por la Corte, con sede en San José de Costa Rica, y la Comisión, cuya secretaría está en Washington, en la sede de la OEA. Así lo confirma la reciente determinación de Venezuela de denunciar la Convención Americana, que entró en vigencia en 1978, con lo cual el gobierno de Hugo Chávez se quitará de encima un mecanismo que ha sido fundamental en la defensa de principios esenciales en el hemisferio.

A menos que Caracas cambie de posición, dentro de 12 meses entrará en vigencia la denuncia. Si bien la Comisión podrá seguir conociendo los casos de eventuales violaciones de los derechos humanos en territorio venezolano, no ocurrirá lo mismo con la Corte. En términos prácticos, eso quiere decir que no habrá fallos que permitan corregir injusticias en este campo, algo muy grave en un país en donde la rama judicial ha perdido eficiencia y se ha politizado.

La decisión del gobierno bolivariano tiene lugar cuando en la OEA avanzan las discusiones de un grupo de trabajo que, a primera vista, busca el fortalecimiento del Sistema, pero que ha sido impulsado por los países que conforman el Alba, promovido por el régimen chavista. De seguir las cosas como van, oficinas como la del relator que defiende la libertad de expresión, o trabajos serios como los informes nacionales que redacta la Comisión estarían en peligro de desaparecer.

Ante ese riesgo, un grupo de dirigentes, intelectuales y académicos lanzó hace un par de días la que se conoce como "la declaración de Bogotá". Se trata de un llamado a la opinión, que pone de presente la amenaza para el SIDH y, por ende, su capacidad de respuesta a la hora de evitar la impunidad, buscar salidas a conflictos armados y enfrentar situaciones de ruptura democrática en el continente. Tampoco se puede desconocer su labor en la protección de los pueblos indígenas, al igual que la de otros grupos vulnerables, que históricamente han sido víctimas de discriminación en las Américas.

Por tal motivo, tienen plena razón quienes suscribieron en la capital colombiana el pronunciamiento en defensa del SIDH y demandan que, por ejemplo, el debate en la OEA sea transparente, democrático y participativo. Igualmente es válido pedir que, si efectivamente se trata de fortalecer las instituciones actuales, esto desemboque en más y no menos independencia y ámbito de acción, para que el trabajo hecho hasta ahora no tenga interrupciones.

Sin desconocer que el hemisferio de hoy es diferente al de hace tres décadas, cuando campeaban las dictaduras, el camino que falta por recorrer en el campo de los derechos humanos es amplio. No solo la región latinoamericana es la más desigual del mundo en lo que hace a distribución del ingreso, sino que la exclusión social y la violencia forman parte de nuestra realidad.

Así las cosas, es indispensable que los países que quieren un SIDH más fuerte lo hagan saber expresamente en los escenarios multilaterales, pero, sobre todo, en la OEA. Dicha solicitud de acción debería ser escuchada en Colombia, que ha tenido una actitud ambivalente en el tema, lo que no deja de ser inquietante.

Ad portas de un proceso de paz con las Farc, lo que necesita el país es reiterar su compromiso con la causa de los derechos humanos. Desde la época de Antonio Nariño hasta la Conferencia Panamericana, en 1948, en Bogotá, hemos sido protagonistas de la construcción de una estructura que requiere bases más fuertes. Ojalá que esta hora aciaga para el SIDH sirva para recuperar el liderazgo en un asunto en que debemos ser parte de la solución, no fuente de problemas.

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