Comienza hoy un nuevo periodo de sesiones del Congreso de la República. Y arranca con las heridas que dejó el atropellado hundimiento de la fallida reforma de la justicia, todavía abiertas.
Para nadie es un secreto que, a raíz de tal episodio, las relaciones entre Ejecutivo y Legislativo no pasan por su mejor momento.

Como ya se sugirió en este espacio, ambos tendrán que trabajar para reconstruir la confianza perdida. Los legisladores, bajo preaviso de sus electores, deberán dar un salto cualitativo en su trabajo. Esto es, menos ausencias, mejores debates, más control político responsable y, sobre todo, cerrarles las puertas a los proyectos concebidos para beneficio de unos pocos y en flagrante contravía del interés general.

Sabedor de que a muchos en el Capitolio no les pareció justa la repartición de culpas tras lo ocurrido en la conciliación de aquel acto legislativo, el Gobierno ha optado esta vez por cierta cautela a la hora de conformar y promover su paquete de iniciativas, que luce más realista y un poco menos robusto.

Aun así, en él aparecen asuntos cruciales, como el proyecto de desarrollo rural, que complementa y le otorga herramientas a la ley de tierras. La norma busca darle un norte claro al uso del suelo, tema neurálgico, pues es clave para la seguridad alimentaria y la posibilidad de que, a corto plazo, el país aproveche todo su potencial agrario, sin olvidar la protección de los bosques. El proyecto crea también apoyos para que quienes accedieron a tierras puedan explotarlas y así no repetir fracasos.

De la misma cosecha de esta iniciativa es la que busca apoyar a finqueros mediante la creación de un fondo social. Entran también la muy esperada reforma de las corporaciones autónomas regionales y el estatuto de distritos y áreas metropolitanas. De concretarse ambos, el país habrá avanzado en la urgente necesidad de adaptación al cambio climático.

Se anuncia, asimismo, un nuevo código minero, con el que el Gobierno pretende regular un sector necesario para el desarrollo del país y al mismo tiempo objeto de reparos por su impacto en los ecosistemas. Precisamente, con él se busca contrarrestar la minería ilegal y fijar reglas claras para que la explotación sea llevada a cabo solo por quienes garanticen la menor afectación ambiental posible.

Será prioritario, igualmente, lo que le queda de tránsito a la reforma constitucional que trata del fuero militar. Es vital que no termine convertido en boquete para la impunidad y más bien permita superar el malestar en las filas por tener que responder en tribunales ordinarios a causa de hechos propios de la guerra.

Los cada vez más frecuentes episodios de intolerancia en la convivencia hacen muy pertinente la presentación del proyecto para que el país cuente con un nuevo código de policía. Este incluye normas y sanciones actualizadas para prevenir que conflictos cotidianos deriven en tragedias, y además hace más eficaces los trámites para dirimir cierto tipo de pleitos.

Queda pendiente la reforma tributaria, todavía sin fecha definida. Los impuestos siempre serán un tema agrio, aun cuando con ellos se busque generar equidad. No obstante, es claro que las reglas de juego actuales son malas y es indispensable mejorarlas, por lo que es de esperar que la propuesta se conozca pronto.

Estas son las iniciativas más destacadas, pero no las únicas. Se calcula en más de 180 los proyectos que deberán estudiar y debatir senadores y representantes, quienes tendrán la difícil misión de convertir un Congreso cuestionado en uno admirable, transformación que solo será posible con grandes dosis de transparencia y rigor.