España está que arde. El pasado miércoles, el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, anunció un robusto paquete de medidas económicas consideradas las más severas desde que este país acogió la democracia.

El objetivo es generar 65.000 millones de euros en un plazo de dos años y medio como antídoto contra el rojo que invade las finanzas ibéricas. Para lograrlo, aumentó tres puntos en el IVA, del 18 al 21 por ciento, sensibles recortes en diversos frentes, que van desde los subsidios que hoy reciben los desempleados hasta los salarios de los funcionarios, a los que se les eliminará una prima, pasando por una disminución de los presupuestos de los ministerios; abarca también una poda del número de concejales de los ayuntamientos, que se reducirán en un 30 por ciento, y fuertes controles del ausentismo de los servidores públicos.

Con estas decisiones, tan impopulares como inevitables, se intenta salvar de la debacle a un país que hace un lustro vivía las vacas gordas. Pero vinieron errores en su política económica que, combinados con la falta de voluntad para llevar a cabo reformas de menor calado, condujeron a su economía y en particular al sistema bancario a hacer agua, con un alto costo en términos sociales que ya se asoma.

El desgaste político para el presidente del gobierno es enorme. La 'marcha negra' de los mineros que irrumpió el miércoles en Madrid vio cómo se le adherían miles de manifestantes espontáneos, que no aceptan ni entienden por qué les corresponde ahora asumir el costo de este descalabro. El ciudadano común lo interpreta como resultado de unas decisiones tomadas en unas esferas harto lejanas y bajo lógicas incomprensibles. Los españoles se resisten a aceptar que el sueño europeo que los cautivó a finales del siglo pasado se desvanezca a pasos agigantados, al tiempo que se desintegra el Estado de bienestar del que gozaron por un tiempo bastante menor que sus vecinos del continente.

El timonazo de Rajoy era inevitable para tratar de evitar el naufragio. Para amortiguar el impacto, necesita ahora la legitimidad que sólo le pueden aportar los consensos con quienes al comenzar el gobierno estaban en la orilla opuesta. Ya lo dejó claro ante el Parlamento, al afirmar que esta cirugía no la puede llevar a cabo "un gobierno en solitario".

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