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Editorial: Un hueco en la agenda

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Más que problemas de disciplina partidista a la hora de votar, el desafío del Ejecutivo en su relación con el Congreso está en mantener un delicado equilibrio entre las prioridades y los tiempos de trámite.

El Legislativo retorna con una abultada y ambiciosa agenda, impulsada por la Casa de Nariño.

Luego de tres meses de receso, el próximo viernes 16 de marzo comienza el período ordinario de sesiones del Congreso de la República. El Legislativo retorna a su actividad con una abultada y ambiciosa agenda, impulsada por la Casa de Nariño.

Entre las prioridades para la administración Santos se encuentran un acto legislativo -la segunda vuelta de la reforma de la justicia- y dos reformas: la tributaria y la pensional. Si bien estas iniciativas concentrarán buena parte de la atención durante los tres meses de debates, el Ministerio del Interior anunció al menos otros 14 proyectos de ley, de la mayor importancia para cinco carteras.

El Ejecutivo promoverá los trámites parlamentarios de algunos pendientes, como el código de régimen departamental y el marco jurídico para la paz.

Además, los ministerios de Hacienda y de Transporte empujarán legislaciones sobre la venta de acciones de Ecopetrol y el código general de tránsito, respectivamente.

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No se vislumbran grandes obstáculos para que el Gobierno llegue al fin del período con otro balance positivo en materia de leyes aprobadas. La mayoría sólida de la Unidad Nacional en el Congreso y su disciplina le han servido al presidente Juan Manuel Santos para poner en marcha una verdadera 'locomotora parlamentaria'. De acuerdo con la rendición de cuentas de la cartera política en febrero pasado, en los primeros 18 meses de mandato los congresistas pasaron 59 leyes y 3 actos legislativos. En este paquete se destacan, por ejemplo, la ley de víctimas y restitución de tierras y las regalías.

Un reciente informe de Congreso Visible analiza el alto grado de disciplina de los miembros de la coalición mayoritaria al votar propuestas presentadas por el Ejecutivo. No obstante, revela que parlamentarios oficialistas se abstuvieron regularmente de apoyar los proyectos del Gobierno. En otras palabras, "utilizan su participación en las votaciones como un recurso informal" para la negociación.

Más que convencer a los congresistas para apoyar la agenda, el desafío de la Casa de Nariño, según Congreso Visible, es el de lograr que asistan a las sesiones y participen en las votaciones. En principio, estas poderosas mayorías garantizarían la aprobación de las iniciativas, por numerosas que sean.

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Aunque sería desacertado hablar de fracturas profundas dentro de la Unidad Nacional, los partidos políticos que la conforman sí presentan interesantes puntos de tensión. Uno de los más visibles tiene que ver con el artículo del fuero militar, que el año pasado se incluyó en el texto de la reforma de la justicia.

Visto al principio como una manera de fortalecer la seguridad jurídica de las Fuerzas Militares, el Gobierno invitó al Congreso a retirarlo del debate y anunció la presentación de un acto legislativo sobre la materia. Sin embargo, los dos partidos mayoritarios de la coalición, 'la U' y los conservadores, se resisten a su retiro y se aferran a la primera fórmula de Santos: el fuero dentro del paquete inicial de la rama judicial. Esta semana, en la reunión de la coalición, el presidente Santos seguramente buscará extinguir este conato de rebeldía.

Otra fuente de preocupación en los pasillos del Congreso es la ausencia de textos iniciales de las propuestas trascendentales. Los parlamentarios no conocerán hasta este martes el articulado de la relacionada con justicia penal militar, y tampoco hay definiciones en la reforma tributaria. Si bien queda una semana para el arranque de las sesiones, los borradores ayudan a los legisladores a identificar puntos de conflicto.

La agenda de trabajo del período legislativo estaría incompleta sin la inclusión de proyectos de ley de los miembros de la coalición. En el caso del liberalismo, ya se ha anunciado uno que aumentaría los impuestos y las regalías que gira el sector minero. Mientras el Partido Conservador quiere empujar la titulación de tierras y el microcrédito, los 'verdes' propondrían reestructurar tanto la institucionalidad ambiental como la política de niñez.

A lo anterior se deben sumar 77 proyectos, cuyo trámite está pendiente de las sesiones anteriores, y otros 183, que a diciembre pasado ni siquiera se habían discutido en primer debate. Es decir, más que problemas de disciplina partidista, el Ejecutivo enfrenta una situación de 'inflación legislativa', que requiere la definición delicada de tiempos y prioridades.

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Las ausencias también marcarán el comienzo de la actividad parlamentaria del 2012. La mayor de ellas es la esperada ley de desarrollo rural. Considerada una de las iniciativas sociales más cruciales para Santos, solo será presentada el 20 de julio. Las demoras en el proceso de consulta previa con las minorías étnicas pospusieron no solo el articulado, sino también el del código minero y la reforma de las corporaciones autónomas regionales.

La Casa de Nariño y el Congreso continuarán su trabajo sincronizado en el primer semestre del año.

Sin embargo, la tendencia del Ejecutivo a la sobrecarga legislativa podría desembocar en una operación de 'brazos caídos' de los parlamentarios. O mejor, de 'curules vacías'.

editorial@eltiempo.com.co

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