Vigilar y educar

Vigilar y educar

No hay mejor solución estructural para la sobrepoblación carcelaria que la educación. 

04 de julio 2017 , 01:30 a.m.

Solo cuando verdades muchas veces dichas se traducen en cifras estas logran sacudirnos. Tal es el caso de aquella que apunta a la educación como camino para una sociedad con menores niveles de exclusión, con menor cantidad de jóvenes que engruesan las filas de la delincuencia.

Un estudio reciente de Bogotá Cómo Vamos que indagó sobre la población carcelaria de la capital aporta nuevas cifras, que obligan a volver a traer al debate público este asunto. Entre sus hallazgos sobresale que el 43 por ciento de los reclusos apenas han cursado la primaria. Que el 13 por ciento del total de esta población sea reincidente, unas 3.000 personas, también tiene que preocupar.

Y si existe el temor de que con la entrada en vigor de la Ley 1760 del 2015, que racionaliza la detención preventiva, suban los índices de criminalidad por la salida de prisión de cerca de 10.000 sindicados, es porque también hay certeza de que el sistema penitenciario del país no cumple con su tarea de resocialización. Así mismo, de la mano con lo anterior, que quienes salen de las prisiones encontrarán muy difícil hallar una puerta abierta que les permita encauzar sus vidas dentro de la formalidad.

Es una falla que abre un círculo vicioso en el cual la sociedad se niega a acoger a quienes han estado privados de la libertad, exclusión que se traduce en mayor riesgo de reincidencia.

Es claro, en este orden de ideas, que para muchos colombianos, sobre todo quienes viven en las ciudades, un diploma de bachiller ya no es garantía de alcanzar el nivel de vida al que aspiran. Y en cierta medida tienen razón, dado lo competitivo del mercado laboral en estos tiempos. No obstante, para millones de compatriotas este cartón, además de certificar que culminaron con éxito sus estudios de secundaria, es también una suerte de salvoconducto para librarse de la exclusión social, con todos los riesgos que en estos márgenes acechan.

Estamos ante dos problemas, que terminan entrelazándose en la conclusión de que mayor acceso al sistema educativo –y la permanencia en él– es el camino para derrotar definitivamente el fenómeno del hacinamiento carcelario. Pero hay algo más: los centros de reclusión deben ser el lugar donde todos aquellos que no han podido contar, por la razón que sea, con ese acceso tengan a la mano una segunda oportunidad para ingresar a las aulas. Con miras a ello, es necesaria no solo una transformación tantas veces pedida en las condiciones que experimentan los presos, sino dos elementos claves adicionales.

El primero, lograr un consenso en cuanto a que la reclusión intramuros no es la única alternativa posible para castigar a quien viola la ley. Es hora, como ha insistido este Gobierno, de que el país se sume a aquellos Estados que han entendido que, por poner un ejemplo, el trabajo comunitario, cuando se trata de delitos menores, es una opción con muchos mayores réditos tanto para la persona como para la sociedad. En segundo lugar está la necesidad de una política de acompañamiento para quienes salen de las cárceles que disminuya el riesgo, hoy tan alto, de que retomen el mal camino. Y, sobre todo, que estas no sean más universidades del delito, sino todo contrario.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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