Unos logros y una frustración

Unos logros y una frustración

El Congreso cumplió al implementar lo grueso del acuerdo de paz. Pero dejó una tarea pendiente.

03 de diciembre 2017 , 01:19 a.m.

El jueves pasado terminó la vigencia de las reglas de juego extraordinarias en el Congreso, establecidas con el fin de hacer más fluida la implementación de los aspectos estructurales del acuerdo de paz entre el Estado colombiano y la entonces guerrilla de las Farc. En los libros de historia quedará el anglicismo con el que se conoció: ‘fast track’.

Contra algunos temores iniciales, en el sentido de que la función del Legislativo iba a ser meramente notarial, este tuvo un papel mucho más protagónico en la ‘aterrizada’ normativa de lo firmado de lo que inicialmente podría preverse. Y si esto fue así, lo cual es propio de una democracia donde hay división de poderes, es porque justamente por esta misma razón la Corte Constitucional en su momento dio vía libre para que los proyectos de ley y de acto legislativo de la paz pudieran ser modificados por los parlamentarios.

Más allá de las controversias del cierre del ‘fast track’, en particular la que rodeó la aprobación del acto legislativo que crea 16 nuevas circunscripciones y cuyo punto final le corresponderá a la Corte, hay que decir que, en términos generales, el Congreso cumplió. Las iniciativas indispensables para lograr el tránsito de las Farc de las armas a la política fueron tramitadas y aprobadas. El parlamento no fue obstáculo para que, tras más de 50 años y 8 millones de víctimas, por fin se silenciaran los fusiles. Eso difícilmente puede recibir un calificativo distinto a positivo.

Ahora bien: es claro que con la decisión de la Corte de permitir que el contenido de los proyectos fuera objeto de cambios se abrió una ventana para algunos de riesgo, para otros de oportunidades, pero, en cualquier caso, democrática.

Se debe reiterar aquí algo ya expresado: todo el debate que tuvo lugar en el último año se dio sobre un piso que es el sistema de frenos y contrapesos. Este, y sin que quepa la menor duda, es una de las piedras angulares del Estado de derecho. Dicho sistema propició encendidas discusiones, trámites atropellados a veces; en fin, polémicas de toda índole. Seguramente hubiese sido deseable de algunos congresistas y bancadas otra actitud, sobre todo en aquellos casos de ausentismo crónico o de presiones que lindaron con el mismísimo chantaje, es cierto. Pero lo es también que la posibilidad de robustecer las iniciativas por cuenta de la Rama Legislativa es algo destacable, y así quedó demostrado con más de una variación respecto al texto original presentado por el Ejecutivo. Otras muy polémicas, como las inhabilidades para los magistrados de la justicia especial para la paz –y aquí aparece de nuevo el andamiaje de la democracia–, deberán pasar por el tamiz de la Corte Constitucional.

A la hora de evaluar la reforma política, muchos congresistas se fijaron más en la calculadora y los números de su futuro electoral inmediato que en el país que les quedará a las futuras generaciones

Lo ideal habría sido que la totalidad de las iniciativas se hubiesen aprobado, con los respectivos aportes de senadores y representantes, pero no fue así. En este lamento hay que mencionar en particular la ley que creaba un catastro multipropósito, herramienta fundamental para las transformaciones de fondo que requiere el campo y que ojalá el Gobierno encuentre la manera de implementarla en los meses que le restan. Hay que referirse, así mismo, a las frustradas leyes de titulación de baldíos en reservas forestales y de adecuación de tierras. Una, fundamental para frenar la creciente deforestación y la otra, para aumentar la productividad de pequeños agricultores.

Mención aparte merece otra iniciativa que naufragó: la reforma política. Es lamentable ver cómo esta se fue debilitando paulatinamente y diluyendo en un mar de intereses electoreros. Hay que ser claros: a la hora de evaluarla pesó mucho más lo que a los congresistas les decía la calculadora respecto a su futuro en las urnas que lo que conviene a las próximas generaciones. Así, la propuesta que inicialmente formuló el grupo de expertos convocado a comienzos de este año para tal fin quedó desvirtuada. La última versión del proyecto era mucho más cercana a un hipotético listado de recomendaciones de lo que no le conviene a nuestro sistema político que a las pautas que en su momento dio la misión como resultado de lo firmado en el teatro Colón.

Preocupa mucho lo anterior. Algo de ansiedad e inquietud produce pensar que, dado el histórico descrédito actual de los partidos y de instituciones como el Congreso, se agoten las oportunidades de que el cambio necesario en las reglas de juego para crear incentivos para una nueva forma de hacer política tenga lugar por las vías que para ello fija la democracia. Era ideal y absolutamente oportuno el marco que se tuvo y se desaprovechó. Ese de un acuerdo –el logrado con las Farc– para construir con quienes por años estuvieron en los márgenes de la democracia nuevas bases que garanticen, cuando menos, corregir esas fallas que de uno u otro modo alimentaron la confrontación armada. Pactos en distintos campos para responder efectivamente a las demandas de una sociedad que en el último tiempo ha vivido una dramática transformación, entre ellas la de una política renovada y transparente. De frustraciones como esta se alimentan los proyectos que disfrazan con utopías irrealizables los caminos que terminan en inevitables saltos al vacío.

editorial@eltiempo.com

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