Una revisión estructural

Una revisión estructural

El sistema penal acusatorio no ha sido tan efectivo como se esperaba, urge una reingeniería.

10 de julio 2017 , 12:41 a.m.

Los 25 años de la Fiscalía General de la Nación coinciden con uno de los momentos más críticos para la administración de justicia.

Por un lado, los escándalos de deshonestidad en los organismos encargados de combatirla –casos como el de Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto; o el del indignante mercado de decisiones judiciales en favor de peligrosos capos, por el que están presas 21 personas, entre abogados, jueces, fiscales, funcionarios de Medicina Legal y miembros del Inpec– tienen a muchos pensando que la batalla contra ese flagelo se está perdiendo.

Y por otro –pero, sin duda, íntimamente relacionado, porque los corruptos medran en una sociedad en la que la justicia se tarda años en llegar o simplemente nunca lo hace–, está la alerta lanzada hace algún tiempo por la Corporación Excelencia en la Justicia, y reiterada hace unos días por el fiscal Néstor Humberto Martínez, sobre el virtual colapso del sistema penal acusatorio, columna vertebral de la lucha contra el delito.

Las cifras reveladas por el Fiscal son alarmantes. Cada dos meses, el nivel de rezago en las audiencias penales crece a niveles del 10 por ciento. Así, en mayo, ese indicador en rojo marcaba 112.461 sesiones retrasadas. Es tal la congestión que más de 15.000 personas decidieron aceptar su responsabilidad y, aunque lo único que falta es que se dicte la decisión en su contra, siguen esperando que un juez las cite a audiencia. Algunas, incluso, una década.

Hace 12 años, cuando entró a operar el nuevo sistema penal acusatorio, se pensó en una justicia mucho más efectiva. La tozuda realidad, sin embargo, muestra que en muchos casos la justicia sigue tan lenta como en el antiguo sistema o peor y, por lo tanto, no son pocos los peligrosos criminales que vuelven a las calles por culpa de los vencimientos de términos.

Entre el 2008 y el 2015, la Fiscalía recibió 8’863.000 ‘noticias criminales’. Poco más de 4 millones de esas denuncias terminaron archivadas (es decir, sin investigación), bien por atipicidad o, lo realmente grave, porque no hubo manera de determinar la identidad de los responsables del delito. Esto pasó en 1’681.000 denuncias, ente ellas 72.000 por el crimen más grave, el homicidio. En el mismo lapso, 853.031 personas fueron llevadas a imputación de cargos por todo tipo de delitos, y, de ellas, 562.000 fueron acusadas formalmente. Las condenadas fueron, al final, 462.737.

El fortalecimiento de la Fiscalía, en los últimos dos años, ha representado un aumento en el número de casos que llegan ante los jueces. Pero, como la Rama Judicial no se ha fortalecido ni capacitado de la misma forma, es en los juzgados donde ahora se está presentando el más preocupante cuello de botella.

Este miércoles empieza a regir en el país la nueva versión de la ley de pequeñas causas, que, sobre el papel, debería hacer más expedita la justicia en los casos de delitos menores. Pero, sin duda, siguen faltando esfuerzos más coordinados del Gobierno, la misma Fiscalía y, especialmente, del reiteradamente cuestionado Consejo Superior de la Judicatura para plantear soluciones legislativas y administrativas a fin de que la aparición de la justicia deje de ser una ficción para miles de colombianos afectados por los delincuentes.editorial@eltiempo.com

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