Editorial: Una peligrosa interpretación

Editorial: Una peligrosa interpretación

La decisión del Consejo de Estado no autoriza la objeción de conciencia en casos de aborto.

12 de enero 2017 , 08:42 p.m.

Nada más perjudicial para una sociedad que la interpretación de un fallo judicial se fundamente en intereses de corte ideológico que contravienen los preceptos constitucionales, y mucho más cuando de por medio están temas en los que el país ha logrado importantes avances.

Así ocurre con la despenalización del aborto –desde el 2006, con base en la Sentencia C-355, la Corte Constitucional permitió la interrupción voluntaria del embarazo (IVE) en casos de violación, riesgo de muerte para la madre y malformaciones fetales incompatibles con la vida–, que volvió a generar debate por una decisión del Consejo de Estado que anuló unas órdenes emitidas por la Superintendencia Nacional de Salud sobre la materia.

Si bien al estudiar una demanda interpuesta por el hospital San Ignacio de Bogotá, la Sección Primera del alto tribunal concluyó que la Supersalud se extralimitó en sus funciones al impartir ciertas pautas para la aplicación de la IVE y tumbó unos apartes de la circular 03 del 2013 relacionados con las sanciones y la objeción de conciencia, de ninguna manera se modificaron las reglas para la garantía de estos servicios, como tendenciosamente se ha difundido desde algunas esquinas interesadas.

Hay que ser claros y entender que en su fallo, el Consejo de Estado determinó que un asunto como la objeción de conciencia no debería ser parte de la citada circular, pero de ningún modo eliminó o contravino los preceptos que la Corte ya había establecido en tal sentido, por lo que no es cierto que se haya autorizado el ejercicio de la objeción de conciencia institucional. De hecho, reitera que esta posibilidad está reservada para las personas que prestan directamente el servicio y deja por fuera, de paso, a aquellas con tareas administrativas.

Y aunque, sin duda, ninguna entidad pública o privada –ligada al sistema de salud– podrá negarse a realizar estos procedimientos, so pena de ser sancionada por las autoridades, algunas instituciones hospitalarias, echando mano de la confusión, no tardaron en instruir a su personal para que, llegado el caso, rechacen estas solicitudes.

Es una actitud que solo hace pública una de las múltiples barreras que, desde la propia sentencia de la Corte, estas mismas entidades imponen en forma velada a las mujeres que, teniendo el derecho y amparadas en la ley, buscan sus servicios. Condición atávica que, al estigmatizarlas y, no pocas veces, revictimizarlas, las empuja de manera indigna a la peligrosa oferta del aborto clandestino, que, según las cifras más optimistas, supera los 350.000 casos al año.

Esta situación exige que, de una vez por todas, las autoridades y la sociedad enfrenten el fenómeno del aborto, en todas sus categorías, con seriedad, responsabilidad y desprovistos de moralismos y falsas premisas ideológicas y políticas que terminan multiplicando los riesgos implícitos.

El reconocimiento del derecho a la IVE, hace diez años, ha sido uno de los avances más significativos para la protección de la vida y la salud de las mujeres y las niñas en Colombia. Defender su garantía y denunciar todo intento de obstaculizarlo, incluidas las campañas de desinformación, deben ser un compromiso ineludible de una ciudadanía que piensa hacia adelante.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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