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Editorial: Una mezcla que resulta fatal

El cambio climático se hizo sentir en una región marcada por la desidia estatal y la corrupción.

EDITORIAL
Además de los obvios lamentos, cada reporte que llega de La Guajira con la noticia de un menor muerto por desnutrición crónica hace mayor la urgencia no solo de acciones de impacto inmediato para salvar vidas, sino también de una mirada que identifique las causas de esta lamentable tendencia y todo aquello que se puede hacer a mediano y largo plazos para contrarrestarla.
Antes, es bueno saber que el país ha dado pasos muy importantes en la salvaguarda de la salud de los menores, los cuales se reflejan en una tendencia permanente a la baja en la tasa de muertes por desnutrición aguda, de 14,87 por cada 100.000 en el 2005 a 6,77 en el 2013. Panorama que contrasta con este departamento de la región Caribe, donde el mismo indicador pasó de 19,58 a 32,55 en el 2013. El aporte de La Guajira en el total nacional también ha crecido hasta alcanzar el 15 % actual.
Entre las causas de este alarmante fenómeno aparece la del cambio climático. Sequías prolongadas en una zona que ofrece unas características complejas, como la de 22.000 rancherías desperdigadas en un territorio vasto y desértico, han dejado huella, y hacen más difícil la provisión de alimentos para las comunidades de varios municipios, muchas de ellas pertenecientes al pueblo wayú. Pero está lejos de ser la única. Y es, entonces, cuando parece inevitable aludir a la Biblia y sus relatos de plagas. Y es que a la región más septentrional de Colombia le sobran males: al verano se suma ser epicentro de mercados ilegales regentados por temibles mafias; no se pueden olvidar el cierre de la frontera de Venezuela y, como mal crónico profundamente enquistado en el organismo del paciente, la corrupción, aderezada con mala gestión de gobiernos locales que, como el de Juan Francisco ‘Kiko’ Gómez, tuvo prioridades muy distintas a la de llevar bienes, infraestructura, servicios –comenzando por el agua potable, tarea que hoy ya comenzó– y oportunidades a los sectores más vulnerables.
En relación con este asunto, las cifras también dejan ver un cuadro crítico. Se trata, según lo acaba de revelar la Contraloría, del departamento donde más se pierden dineros de regalías. No más en el semestre pasado esta entidad registró un presunto detrimento patrimonial de 19.868 millones de pesos. El informe que hoy presenta este diario incluye una infausta antología de infames casos de corrupción.
Tal estado de cosas obliga a pensar en estrategias de distinto nivel y alcance. La fundamental, y a más largo plazo, es obvia: saldar la deuda social del Estado con los habitantes de la alta Guajira. Tarea que en buena parte recae sobre el Gobierno central, pero a la que no pueden ser ajenos los mismos habitantes del departamento. Ellos deben entender la urgencia de romper ese círculo vicioso que conduce, en ocasiones, a darle la espalda y abrazar la cultura de la ilegalidad como reacción ante décadas del olvido y pésima gestión. El liderazgo que hoy reclama esta parte del país debe surgir de su gente, a través de los canales democráticos y contar, desde luego, con todo el respaldo de las instituciones.
Pero esto tomará tiempo. Entre tanto, los relatos de fallecimientos de niños han conmovido al país, naturalmente. Millones de colombianos han preguntado qué se puede hacer. Como suele ser la norma frente a crisis de este talante, las buenas intenciones necesitan ser encauzadas. De lo contrario, el riesgo de que se malgasten e incluso generen consecuencias negativas es alto.
Y es que ante una situación así es fundamental que la intervención sea cuidadosamente planeada. Los lineamientos que hoy siguen los representantes del Ministerio de Salud en el lugar, y que fueron elaborados con apoyo de la Unicef, dan algo de tranquilidad. Estos tienen en cuenta pautas como la que sugiere que el menor, objeto de atención, permanezca en su hogar, salvo si se trata de un caso crítico en el que su vida corre serio peligro. También les otorgan gran importancia a los trabajadores sociales bilingües, así como a la labor de seguimiento luego de entregar los llamados alimentos terapéuticos, que son los indicados para un infante que padece desnutrición.
El reto ahora es que este protocolo sea incluido en el modelo de atención del sistema de salud. Que los profesionales de los hospitales ubicados en las cabeceras hagan recorridos permanentes por las rancherías, como parte de sus funciones. Algo tan importante como el de revaluar el papel en la discusión de visiones que tratan de matizar el problema desde injustos argumentos emanados de ciertas lecturas antropológicas del asunto.
Y no se puede perder de vista que este problema es también un campanazo. Que los wayús no son los únicos pueblos indígenas cuyos niños sufren de desnutrición, pero, sobre todo, que no son la única población vulnerable al cambio climático. Un fenómeno que ya pertenece al presente más que al futuro y que, como vemos, puede ser mortal si se mezcla con corrupción y desidia estatal.
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