Una licitación clave

Una licitación clave

Una nueva semaforización para Bogotá permitiría ahorrar hasta en un 30 % los tiempos de viaje.

20 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

En tiempos en que la corrupción campea –aquí y en todo el mundo–, la desconfianza parece haberse convertido en el mejor antídoto de quienes están llamados a velar por el patrimonio público. Y está bien. Esa misma desconfianza es la que estimula hoy el desencanto ciudadano en distintos frentes: se duda de todo, se sospecha, se crean rumores y se banalizan explicaciones.

Y es precisamente en este contexto en el cual hoy se tiene que mover la Alcaldía de Bogotá para sacar adelante millonarias licitaciones de cara a los objetivos que se ha impuesto la Administración en su plan de Gobierno. Una de ellas es la contratación de un moderno sistema de semaforización que deje atrás el obsoleto modelo que hoy acompaña a estos aparatos, y se pueda pasar a una estructura que no haga crisis con cada aguacero que cae en la ciudad.

La licitación, cuyo costo asciende a 235.000 millones de pesos, incluye la instalación de más de mil controladores de semáforos –el cerebro de estos–, 30 intersecciones nuevas, cableado para toda la red y un sofisticado centro de control que permitirá monitorear el tráfico y tomar decisiones en materia de movilidad en tiempo real, entre otros avances. La implementación de la nueva infraestructura dura dos años y ya hay seis proponentes, entre consorcios y empresas temporales del orden nacional e internacional.

La vigilancia de un proceso de contratación es doblemente válida si no se cae en la sugestión de paralizar proyectos de alto impacto social.

En la página de contratación pública Colombia Compra Eficiente reposan alrededor de 200 documentos con los detalles técnicos y las preguntas y respuestas que se han dado a lo largo de un proceso que comenzó hace casi un año. Sin embargo, ha llamado la atención que a pocas horas de adjudicarse la licitación, la Procuraduría General de la Nación haya vuelto a plantear dudas al respecto. Entre ellas, un posible daño patrimonial que se generaría al cambiar los controladores semafóricos o que se quiera separar la red de teléfonos de la de semáforos. A ambas, la Secretaría de Movilidad ha respondido que no solo no habrá detrimento, sino que mantener la actual red les está resultando más costoso a los bogotanos.

La Procuraduría, guardiana del buen proceder de los funcionarios públicos y del manejo de los recursos del Estado, cumple en este caso un papel clave a la hora de advertir de actuaciones que puedan afectar el interés colectivo, de eso no cabe duda. Mejor aún: la vigilancia de un proceso de contratación es doblemente válida si no cae en la sugestión de paralizar proyectos de alto impacto social. Y es aquí donde vale la pena que la Procuraduría analice con detenimiento lo que viene sucediendo.

Aprovechando el conocimiento detallado que ya acumula de este proceso, tiene la responsabilidad de que una vez concluida la fase licitatoria no haya lugar a dudas de ninguna índole.

Pero que quede claro que si la propia entidad ha acompañado desde el inicio el proceso, ha de saber también que las consecuencias de posponerlo una vez más resultarían nefastas para Bogotá, dado el impase jurídico y el daño económico que ello significaría y, sobre todo, el impacto devastador para los ciudadanos de cara al problema más apremiante que hoy padecen: su movilidad.

editorial@eltiempo.com

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