Una clara inhabilidad

Una clara inhabilidad

Quinto Guerra no podría asumir el cargo en caso de ganar las elecciones del 6 de mayo en Cartagena.

25 de abril 2018 , 12:00 a.m.

El Consejo Nacional Electoral debe atender la petición de la Procuraduría General de la Nación de revocar la inscripción como candidato a la alcaldía de Cartagena de Antonio Quinto Guerra con miras a la elección atípica que tendrá lugar el próximo domingo 6 de mayo.

En un documento de nueve páginas, el ente de control expone el hecho de que en el último año fue contratista tanto del Ministerio de Vivienda como de la Gobernación de Bolívar, lo cual constituye una clara inhabilidad.

“Cinco meses antes del 15 de abril de 2018, fecha que se había fijado inicialmente para la jornada electoral y fue postergada por el Ejecutivo para el día 6 de mayo del presente año, el candidato cuestionado estaba ejecutando contratos con el departamento del Bolívar y el Ministerio de Vivienda, por lo que se encontraba vigente la celebración de los mismos”, se puede leer en el documento.

Hace bien la Procuraduría
en pedirle al Consejo Nacional Electoral que revoque, cuanto antes, la inscripción de esta candidatura.

A diferencia de situaciones similares en las que se puede hablar de margen de interpretación o de zonas grises, aquí está suficientemente claro que ambos contratos, que, como se lee en el documento, “se estaban ejecutando (…) y se estaban celebrando en el municipio de Cartagena dentro del año anterior a las elecciones que se llevarán a cabo el próximo 6 de mayo”, son causal de inhabilidad tal y como lo establece la ley. La existencia de dichos contratos no solo inhabilitaría a Guerra para asumir el cargo, en caso de resultar vencedor en las urnas, sino que constituye, como también lo plantea la Procuraduría, “un privilegio y una ventaja frente a los demás aspirantes”.

Hasta aquí la dimensión jurídica del asunto. Pero este tiene también, como es lógico, una política. Y es que sería muy grave, verdaderamente impresentable, que alguien impedido ganara la contienda para asumir un cargo que en el último tiempo ha estado marcado por los escándalos de corrupción de sus ocupantes: antes de que asumiera Manuel Vicente Duque –quien fue suspendido por la Procuraduría y luego renunció en el marco del escándalo por la proliferación de obras sin la debida licencia de construcción, como fue el caso del tristemente célebre edificio Blas de Lezo– , la Heroica tuvo seis alcaldes en apenas un año y medio. Hay que añadir el dato de los ocho concejales de la ciudad con detención domiciliaria también por presunta corrupción en el proceso de elección de la actual contralora de la ciudad.

Dado todo lo anterior, es de esperarse que el CNE se pronuncie con prontitud. Que no sea este otro caso más en el que la decisión de la entidad competente llega tarde, abriendo así la puerta a una saga interminable de acciones jurídicas que solo lograría perjudicar, aún más, a una ciudad que requiere con suma urgencia apartarse de la senda de los escándalos.

Es el momento, esto deben saberlo los demás aspirantes al cargo, de que haya tolerancia cero con la corrupción en una ciudad que hoy enfrenta retos gigantescos, comenzando por el de reducir la desigualdad y combatir la explotación sexual, y que como nuestra ciudad histórica debe retomar el rumbo. El CNE tiene la oportunidad y el deber de dar el primer paso en este sentido.

editorial@eltiempo.com

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