Un buen primer paso

Un buen primer paso

Al excluir estos 44 elementos del sistema de salud se orientarán los recursos como debe ser.

07 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Ya es hora de que el sistema de salud equilibre, como debe ser, la cobertura de las necesidades de la gente y el uso racional y preciso del dinero –de todos– con el que se financia este sector. Nada justifica que mientras los recursos escasean, parte de ellos tengan que destinarse para pagar caprichos estéticos y tratamientos que no sirven, además de servicios e insumos que no agregan valor en términos de salud o bienestar, pero que son solicitados de forma nada excepcional.

Por eso, la decisión del Ministerio de Salud de excluir 44 elementos de los beneficios que reciben los afiliados, porque caen en alguna de las categorías que para estos efectos define la Ley Estatutaria (1751 de 2015), debe ser interpretada –en toda su extensión– como un verdadero beneficio colectivo.

Y no se trata de limitarle los derechos a nadie, y menos a los enfermos, porque se demostró, a través de un proceso público que tardó más de diez meses, que lo retirado no pone en riesgo la cura de ningún mal ni afecta el curso de los buenos tratamientos. Sobre eso, la comunidad científica se pronunció de manera consensuada, al igual que la mayoría de las organizaciones de pacientes que participaron.

Se demostró que lo retirado no pone en riesgo la cura de ningún mal ni afecta el curso de los buenos tratamientos.

Es un gran paso hacia la consolidación del modelo de beneficios basado en exclusiones en el cual los pacientes puedan recibir todo lo que el médico les ordena, con cinco excepciones muy claras en la norma, que tiene alcance constitucional: lo que tenga fines meramente estéticos, lo que no tenga aprobación en el país, los tratamientos que estén en experimentación, lo que la ciencia no haya probado que tenga utilidad y los tratamientos en el exterior que se puedan hacer en el país. Todo con el fin de remplazar la lista restringida del plan obligatorio de salud (POS), de la que tanto se quejan los usuarios.

Así que Minsalud tiene piso sólido para soportar esta decisión, que, en justicia, se queda corta y debe ser apenas el comienzo de la necesaria erradicación de los abusos contra el sistema, que, de no controlarse, amenazan con quebrarlo. Cirugías plásticas enmascaradas de problemas funcionales, facturas de servicios públicos, alimentación, mobiliarios domésticos, ascensores y hasta muñecas inflables, entre otros ítems ilógicos, se pagan con la plata de la salud a causa de órdenes médicas o de acciones judiciales contra las que no cabe ninguna réplica.

Aquí hay que ser claros y advertir que por concepto de estos y otros servicios sociosanitarios (que no tienen que ver directamente con la salud), el sistema desembolsa 1,4 billones de pesos anuales y que por los ritmos de crecimiento y envejecimiento de la población, esto puede alcanzar el 2 por ciento del PIB, algo simplemente impagable.

Frente a este panorama, es imperativo aceptar la dinámica de las exclusiones para orientar los dineros como debe ser y taponar estos desvíos descarados. De igual forma, los hacedores de políticas deben buscar con urgencia recursos distintos a los de la salud para cubrir demandas sociosanitarias de quienes de verdad las necesitan, bajo la premisa de que dilatar esto es la vía más rápida hacia la ruina del sector.

Es plata de todos, y nadie puede mirar para otro lado.

editorial@eltiempo.com

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