Sobre un hecho dramático

Sobre un hecho dramático

Lo ocurrido con Luis Gustavo Moreno es un indicador del alcance de los tentáculos de la corrupción.

02 de julio 2017 , 01:19 a.m.

No fueron pocos los medios internacionales que vieron en el titular ‘Jefe de unidad anticorrupción de la Fiscalía colombiana, detenido por corrupción’ una buena oportunidad para llamar la atención de sus lectores. Y lo lograron: los trinos en este sentido tuvieron enorme repercusión, por citar solo un ejemplo. Es que el nivel de paradoja de lo ocurrido es muy difícil de igualar; es un hecho dramático que, al tiempo que desconcierta, produce una irónica sonrisa que expresa, sobre todo, dolor.

La captura esta semana de Luis Gustavo Moreno es uno de esos hechos que sacuden hasta sus cimientos al país, desafortunadamente habituado a remezones. En tiempos en los que el desvanecimiento del conflicto armado ha permitido apreciar mejor la dimensión de la amenaza que la corrupción representa para las instituciones, saber que uno de los principales responsables de combatirla era también, presuntamente, un exponente de esta causa desconsuelo, en el mejor de los casos. No puede pasarse por alto que a este escándalo lo anteceden otros tantos. Que han sido varias las manzanas podridas que en el último tiempo han caído del árbol, salpicando la confianza de la gente en las instituciones, lo cual es tan preocupante como inevitable.

Pero el aturdimiento no puede impedir una reflexión serena respecto a las implicaciones del hecho. No es óbice para reconocer, por ejemplo, la entereza y el rigor de la Fiscalía en la manera como afrontó este durísimo trance. Si hoy el país tiene conocimiento de los alcances de las actividades, probablemente irregulares, que en paralelo con el ejercicio de sus funciones venía desempeñando Moreno, es justamente porque esta entidad, dicho coloquialmente, se dio la pela y puso en evidencia al acusado –con ejemplar rigor, insistimos, en la recolección de pruebas–, sin importar la posición que ocupaba en la misma entidad. La reacción del ente acusador ante la presencia de indicios serios de que uno de sus funcionarios estaría incurso en conductas sospechosas bien puede quedar como un referente hacia el futuro.

Dicho de otro modo: si el caso y sus particularidades invitan a la desconfianza, conocer el grado de compromiso del ente acusador con la transparencia produce un necesario y bienvenido alivio. El de la Fiscalía es un esfuerzo similar al que en el pasado ya han emprendido, con éxito, instituciones como la Policía Nacional y tras los cuales han respirado un nuevo aire para bien del país. Hay razones para creer que esta vez se repetirá el afortunado desenlace.

Y como parte de este esfuerzo, convendría tomar como base lo acontecido para formular y, por fin, responder la pregunta sobre qué tanto le conviene al país un diseño institucional en el cual es altísimo el riesgo de que la política tenga un rol central –para muchos, perjudicial– en la administración de justicia.

Que quede claro: uno de los grandes desafíos que le esperan a Colombia es el de encontrar la manera para que a cargos como el que ocupaba Moreno se llegue únicamente gracias a los logros y méritos acumulados en el ejercicio profesional y no al talento que se tenga en materia de milimetría política. Y sea esta la oportunidad para preguntarse por las razones que hoy impiden que a las más altas posiciones de esta rama del poder lleguen más profesionales virtuosos, entre otros campos, del derecho o del ámbito del conocimiento que corresponda al cargo. Es hora de un debate para establecer si la administración de justicia en el país goza del grado de independencia de otras esferas del poder, necesario para que la columna vertebral de la democracia no padezca de desviaciones.

En este mismo orden de ideas, se puede afirmar que hay pocas amenazas más grandes para la institucionalidad que la de que eche raíces la nefasta tendencia a administrar justicia en clave política. No es este, por fortuna, un proceder generalizado: no hay duda de que son más los funcionarios y las entidades que tienen muy claro lo incorrecto de obrar así, pero es evidente que cada vez se ven más indicios en tal sentido. En particular, en el ámbito territorial.

En últimas, se trata de hacer lo que sea necesario para que perversos intereses particulares no desplacen el bien común. Es algo tan sencillo y tan serio como eso. Con el crecimiento de los tentáculos de las mafias en las instituciones, no solo se ven perjudicadas estas, sino que perdemos todos los colombianos, y esto no se puede perder de vista.

Conviene, entonces, interpretar lo sucedido no como una voltereta más en la rodada por el despeñadero. Lo que ocurrió, en medio de todo lo traumático que puede llegar a ser, contiene razones, en cambio, para interpretarlo de otra manera. Como un inevitable pero no por ello menos doloroso paso en un camino que termina en el objetivo de mantener a los corruptos muy lejos de las instituciones. Que sea un dolor de parto.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com.co

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