Editorial: Sobre la política criminal

Editorial: Sobre la política criminal

En vista del difícil panorama, buscar alternativas a la cárcel es válido y necesario.

17 de noviembre 2016 , 08:33 p.m.

Un reciente contrapunteo entre el fiscal general, Néstor Humberto Martínez, y el actual ministro de Justicia, Jorge Londoño, así como su antecesor, Yesid Reyes, ha vuelto a poner sobre el tapete el tema de cuál es la ruta que debe seguir el país en materia de política criminal.

El grueso de la discusión ha girado en torno a la figura de la detención preventiva, a la cual la Ley 1760 del 2015 le pone límites, pero en el fondo se trata de un debate sobre hasta qué punto la reclusión carcelaria debe ser el eje de la manera como el Estado aborda los constantes desafíos del crimen. Atado a esta polémica ha estado también el asunto del castigo a quienes figuran en la base de la pirámide del negocio del narcotráfico, sea como cultivadores o como expendedores en las calles, los comúnmente conocidos como jíbaros.

Todo ello, en un marco que incluye tanto un preocupante hacinamiento en cárceles con capacidad para 79.953 internos y que hoy albergan a más de 120.000, de los cuales una tercera parte son sindicados, como los numerosos casos recientes de favorecidos con beneficios como la detención domiciliaria o la libertad condicional, y que han reincidido en el delito.

Las críticas de Martínez apuntan a algunos asesores del Ejecutivo para quienes, en sus propias palabras, “el delito se combate sin tratamiento penitenciario, por lo que no son amigos de construir cárceles. Animan proyectos para aumentar los subrogados o beneficios penales, con el único objetivo de flexibilizar el tratamiento penitenciario de sindicados y condenados”.

Quienes no piensan como el Fiscal argumentan que seguir apostándole a priorizar la privación de la libertad como castigo a los delincuentes es inconveniente, entre otras razones porque, dada la congestión en los penales, la deseada resocialización no es posible, y porque con este paradigma es menos viable concentrar esfuerzos en los eslabones más fuertes de la cadena. El ministro Londoño lo dijo a este diario: “La justicia debe ser efectiva, así la pena no sea grande”. Reyes, por su parte, insiste en que la política criminal debe tener un enfoque más preventivo que represivo.

Así las cosas, buscar alternativas a la cárcel que permitan que aumente la percepción de efectividad de la justicia y que crezca la probabilidad de que el delincuente abandone las sendas del delito es válido y, en vista del mencionado cuadro de hacinamiento, necesario. Así como es necesario igualmente, tal y como se ha planteado desde estos renglones más de una vez, que el peso de la justicia no se concentre en los cultivadores cuando se trata de la lucha antidrogas, sino todo lo contrario.

Dicho lo anterior, hay que advertir sobre los riesgos de jugársela por un solo modelo, descartando los matices que provienen de una sociedad que día tras día constata el asedio del crimen organizado, sobre todo en los centros urbanos, y que exige de la justicia respuestas efectivas, claro, pero también contundentes, que alimenten la necesaria percepción de que la gente no está sola ni desamparada. Urge, pues, armonizar lo mejor de ambos mundos. Y el reto aquí es que la efectividad no se logre a expensas de una ya, lamentablemente, menguada credibilidad.editorial@eltiempo.com

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