Se empina la cuesta

Se empina la cuesta

Faltan todavía considerables esfuerzos para que la paz sea estable y duradera.

11 de agosto 2018 , 10:31 p.m.

Tal y como lo acordaron el Gobierno y las Farc, el Instituto Kroc, de la Universidad de Notre Dame (Estados Unidos), presentó esta semana un nuevo informe sobre el avance de la implementación de los acuerdos. El documento reconoce que dicho proceso sigue avanzando, lo que es, por supuesto, una buena noticia, pero también prende las alarmas en dos campos cruciales: el desarrollo rural y la sustitución de cultivos ilícitos.

Desde una necesaria perspectiva comparada, a partir de la trayectoria seguida por otros 34 acuerdos firmados en el mundo y cuya ejecución ha evaluado este mismo centro académico, el veredicto es tranquilizador: el ritmo de implementación del pacto de paz colombiano, 18 meses después de la firma, está dentro del promedio.

Eso sí, los evaluadores hacen hincapié en un elemento absolutamente central y que debe tenerse en cuenta en cualquier discusión: que, a diferencia de otros casos, el acuerdo colombiano no solo pretendía –como en efecto lo logró– silenciar los fusiles, sino también transformar, para bien, las condiciones estructurales que dieron origen al conflicto armado. No es mera coincidencia, entonces, que los dos puntos con diagnóstico más negativo sean justamente los que en mayor medida tienen que ver con esos cambios de fondo.

Así, mientras algunos de los obstáculos señalados en el trabajo académico que impiden tener un panorama más halagador –como la inseguridad que hoy experimentan en varias zonas los antiguos militantes de la guerrilla– requieren acciones urgentes, puntuales y efectivas, otros demandan esfuerzos de gran calado, a plazos mayores.

Es el caso de pendientes como el catastro multipropósito o las circunscripciones especiales de paz y acabar con las más de 200.000 hectáreas sembradas de coca. Solo estos tres aspectos dan pleno sentido a la afirmación del Instituto Kroc respecto a que ahora comienza la parte más compleja del proceso. Alcanzados numerosos logros en materia de entrega de armas, desmovilización y verificación, ahora la cuesta se empina.

El informe peca de fatalista al dibujar un escenario de regreso de un conflicto que, definitivamente, ha quedado atrás, pero no por ello pueden caer en saco roto las alertas que contiene

Las razones que explican la dificultad para implementar ciertos puntos de los acuerdos están sobre la mesa: estas van desde la ineficacia y paquidermia del aparato estatal hasta la decisión de algunos sectores políticos de oponerse, a través del Legislativo, a elementos claves como el ya mencionado catastro multipropósito y las curules. Y si bien el gobierno de Iván Duque ha limitado en principio a tres los puntos que pretende reformar, es un hecho que tanto en materia agraria como en lucha antidrogas –en la cual se ha mostrado, a juzgar por recientes declaraciones de sus funcionarios, más inclinado a la erradicación que a la sustitución voluntaria–, sus prioridades están lejos de concordar con las que inspiran lo firmado con las Farc.

En el terreno del narcotráfico, es llover sobre mojado afirmar que cualquier solución real y a largo plazo necesariamente supone un acuerdo de voluntades de las principales naciones involucradas en la cadena de producción de las drogas ilícitas, empezando por Estados Unidos. Y aquí hay que traer a colación que una era la realidad política en el país del norte cuando se redactaron los acuerdos –en el gobierno de Barack Obama, que, incluso, envió a alguien de su confianza a La Habana– y otra, muy distinta, la actual, en tiempos de Donald Trump.

Toda esta revisión permite recordar que tan importante como garantizar que quienes dejaron las armas encontrarán un lugar en la sociedad y verán los compromisos cumplidos es no olvidar que la paz con las Farc está llamada a ser estable y duradera mediante un trabajo arduo y prolongado –se sabía desde el primer día que sería cuestión de años, no de meses– en otros frentes. Le corresponde al nuevo gobierno recibir el relevo y de ninguna manera, como ya se ha dicho desde estos renglones, relegar a planos secundarios el más relevante y decisivo proyecto emprendido por esta sociedad de cara a lograr un mejor país para las generaciones venideras.

Y aunque en sus conclusiones el informe peque de fatalista al dibujar un escenario de regreso de un conflicto que definitivamente ha quedado atrás, no por ello pueden caer en saco roto las alertas que contiene. Es real y fundado, esto sí, que de no llevar a buen puerto las múltiples reformas que siguen en veremos, persistirían las desigualdades y los contextos de ausencia estatal en los que florecen los nuevos fenómenos de violencia que hoy azotan la nación. Basta una mirada a lo que está ocurriendo en Tumaco, Chocó, zonas del Cauca y el Catatatumbo.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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