Que no caigan en saco roto

Que no caigan en saco roto

Las recomendaciones de la Misión Electoral Especial deben abrir un debate que no da espera.

23 de abril 2017 , 04:19 a.m.

Poco a poco comienzan a registrarse los esperados pasos en el camino de la implementación de lo acordado en La Habana entre el Gobierno y las Farc. Esta semana, la Misión Electoral Especial, fruto del proceso de paz, presentó su propuesta de reforma política y electoral.

Dicho documento, bueno es recordarlo, responde al mandato de “asegurar una mayor autonomía e independencia de la organización electoral”, además de hacerla más transparente, dar mayores garantías para la participación política y “mejorar la calidad de la democracia”.

Es importante citar lo anterior para darle el debido contexto al trabajo de los seis expertos que la conformaron. Estos se reunieron no como resultado de alguna voluntad aislada, sino en el marco de la implementación de lo firmado con la guerrilla, que es también la construcción de la paz estable y duradera. Ello no impide resaltar la coincidencia de este esfuerzo con las señales cada vez más certeras de fallas estructurales en las actuales reglas de juego de la política, sobre todo en su esfera electoral, esas que obligan a intervenciones de fondo.

Y procede dejar claro que lo que se pretende no es solo mejorar el sistema electoral. Es obvio que tal objetivo ha de cumplirse, pero en el entendido de que es solo un paso de muchos que deben darse para lograr un mayor grado de inclusión social y una democracia con mucha más capacidad de tramitar y resolver las necesidades de la gente.

Hay que subrayar el rigor con que los encargados de la tarea desempeñaron la labor: aportando no solo sus conocimientos, sino escuchando múltiples voces de diverso origen, desde la sociedad civil hasta los entes de control, pasando por los partidos y las actuales autoridades electorales.

Solo eso, el rigor mostrado por la misión, obliga a un análisis juicioso del texto final. Hay que tenerlo en cuenta para abrir y alimentar un debate inaplazable, en el que debe primar la deliberación antes que las descalificaciones de dudoso cuño, como aquellas que apelan al hecho de que los expertos no han ejercido la política, como gran impedimento para que hablen sobre ella.

Cada una de las propuestas merecería un texto aparte. Por ahora se puede decir que la totalidad está bien intencionada, ofrece un diagnóstico acertado de problemas serios como la falta de representación de ciertas regiones, la necesidad de jueces verdaderamente independientes y de mantener a raya a quienes con sus chequeras poderosas cooptan instituciones que deben velar por el interés general.

Existen aspectos, eso sí, que es justo subrayar y respaldar. En particular, el de las listas cerradas de carácter obligatorio y no optativo, como ocurre hoy. Estamos ante algo fundamental si se quiere contar con partidos fuertes y se pretende cortar de tajo con las prácticas clientelistas. Tal disposición evitaría que gamonales cultiven nichos electorales a partir del intercambio de votos por favores que muchas veces son sinónimo de contratos.

Es, en este orden de ideas, una herramienta fundamental en otro frente, hoy prioritario para el país: el de la lucha contra la corrupción. Como lo plantea la misión, las listas cerradas también facilitan la rendición de cuentas y el control de gastos por la autoridad electoral, y se logra que el debate gire en torno a un conjunto de ideas de una colectividad y no al carisma de una sola persona; esto último, siendo generosos.

En la lista de los puntos meritorios se deben mencionar otros que apuntan a aspectos que no por ser de carácter logístico dejan de ser menos decisivos, como que sea el Estado el proveedor del transporte el día de las votaciones en las grandes ciudades. Así mismo, hay que llamar la atención sobre lo pertinente de cambiar la base de cálculo a la hora de repartir las curules de la Cámara de Representantes del número absoluto de habitantes a un porcentaje, para así hacer más fácil la actualización de dichas cifras en un país en el que la migración interna hace que los resultados de los esporádicos censos pierdan rápidamente vigencia.

Tal vez, en fin, no todas las propuestas sean aplicables; quizás algunas se queden cortas ante la lamentable habilidad de muchos en Colombia para ir un paso adelante de la ley, como las referentes a la financiación de la política, pero lo que hay que tener muy claro es que si se van a descalificar, esta descalificación debe ser argumentada, fruto de una deliberación y no de prejuicios y aun falacias como las vistas hasta ahora.

La imagen resultante de la manera como el Congreso recibió la reforma es justamente esa, y deja muy mal sabor. Quedan los ciudadanos con la sensación de que los parlamentarios están obrando como guardianes de un feudo y no como representantes de sus compatriotas. En el fondo, con esa actitud, les dan la razón no solo a las recomendaciones de la misión, sino a todos aquellos que han señalado la preocupante desconexión entre esta rama del poder y la realidad y los anhelos de millones de colombianos.

editorial@eltiempo.com.co

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