Editorial: Que el remedio sea efectivo

Editorial: Que el remedio sea efectivo

Ya es hora de que la intolerable época de apagones en la costa Atlántica quede en el pasado.

16 de noviembre 2016 , 07:54 p.m.

El proceso de intervención a Electricaribe, que empezó el martes con la toma de posesión de la empresa por el Gobierno, era la única manera de evitar que la cadena de incumplimientos en la operación de la firma terminara en un apagón para los millones de usuarios de siete departamentos de la costa Atlántica. Vale la pena precisar que el lío va más allá de los pagos de garantías que la compañía no hizo a tiempo; o de cumplir con los contratos bilaterales con generadoras que acabaron siendo asumidos por entidades financieras.

Lo anterior no quiere decir que la determinación de la Superintendencia de Servicios Públicos esté exenta de riesgos. Experiencias desafortunadas como la de Emcali deberían servir de lección para evitar cometer errores que agranden el tamaño de un gran problema. Es de esperar que la entidad estatal haya preparado bien el terreno y tome las decisiones correctas, orientadas a mejorar la confiabilidad del suministro, comenzando por blindar a la administración de la perniciosa politiquería.

Según lo han señalado los funcionarios encargados, todavía no es claro si el camino que sigue es una reorganización o la orden de liquidar la sociedad, algo que dependerá del análisis financiero y técnico de los desafíos. Dada la animosidad que existe en la región Caribe contra la compañía, muchos preferirían lo segundo: hacer borrón y cuenta nueva.

Sea cual sea el camino que se escoja, lo que debe estar meridianamente claro es que las cosas no pueden ser iguales en la nueva etapa. La época de los apagones que superaban con creces el promedio nacional ha de quedar en el pasado, pero para que eso ocurra se requieren inversiones importantes, superiores al billón de pesos. De lo contrario, la mala calidad de las redes seguirá haciendo de las suyas.

Justificar los gastos que vienen exige que las proyecciones muestren un saldo positivo, ya que nadie en su sano juicio pone dinero para perderlo. Ello significa que vicios como el robo de energía, la manipulación de contadores y el no pago de las facturas también deben terminar. Es inaceptable que la lista de morosos incluya alcaldías y gobernaciones, entre otras instituciones públicas.

Hace poco, la Contraloría advirtió que nuevas infraestructuras con sistemas blindados contra el fraude no han podido entrar en operación. Tales instalaciones, que llevarían la energía a miles de usuarios, no comenzaron a operar, pues las comunidades no lo permitieron, lo que también lleva a hablar de insuficiente actuación policial y judicial a la hora de controlar trampas.

Ahora el reto es demostrar que el respeto al derecho de proveer la electricidad de manera continua vendrá acompañado del cumplimiento del deber de pagar lo que corresponde. Cualquier desvío de ese principio implica el peligro de que el presupuesto nacional se vea obligado a cubrir faltantes para los cuales no cuenta con disponibilidad.

En conclusión, el Ejecutivo tiene la obligación de actuar con rapidez, siempre con la idea de que la intervención de Electricaribe será de carácter temporal. Para que este proceso salga bien será indispensable el aporte de todos los involucrados, comenzando por la vigilancia de gremios y dirigentes regionales que tienen la responsabilidad de velar para que el remedio sea efectivo y no resulte peor que la enfermedad.

editorial@eltiempo.com

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