Proteger a los líderes

Proteger a los líderes

Ante esta ola de asesinatos, no valen las excusas. Todas las autoridades deben actuar.

07 de julio 2018 , 11:28 p.m.

La escalada de asesinatos de líderes comunales y sociales de los últimos días en el país representa un desafío frente al cual no puede ser indiferente ningún colombiano.

En lo corrido del año, según cifras oficiales basadas en las verificaciones realizadas por Naciones Unidas, han muerto de manera violenta 33 defensores de derechos humanos y líderes sociales. Desde el 2015, cuando entró en su etapa definitiva el proceso de paz con las Farc, han sido asesinadas 219 personas que tenían el mismo perfil.

Esas macabras estadísticas constituyen el más claro campanazo de que las secuelas del conflicto, no obstante el acuerdo de paz, siguen vivas en muchas zonas donde desafortunadamente el Estado no ha cumplido el objetivo de copar los espacios territoriales que por décadas estuvieron bajo influencia de las Farc.

Se trata de una situación ante la cual simplemente no valen las excusas, y todas las autoridades están en mora no solo de hacer lo necesario para prevenir nuevos ataques, sino de hacer justicia por los crímenes ya cometidos.

Pero, siendo esto así, y sin menoscabo alguno del derecho que tienen las familias y las organizaciones de las que eran parte las personas asesinadas para exigir una acción más contundente del Estado, flaco favor les hacen a las víctimas y el país las voces que difunden visiones distorsionadas de la situación o, incluso, pretenden sacar réditos políticos de la tragedia que golpea a decenas de familias. Lo mismo vale para algunos sectores y funcionarios estatales cuyas declaraciones parecen más enfocadas en bajarle el perfil a una realidad crítica que en dirigir sus esfuerzos a la tarea, por supuesto difícil, de proteger a los líderes.

Según las investigaciones, muchos de esos asesinatos han sido perpetrados por organizaciones delictivas, principalmente el llamado ‘clan Úsuga’, que en zonas de Antioquia, Córdoba y Urabá ha atacado a decenas de personas cuyas acciones se habían convertido en una talanquera para sus planes criminales. También hay asesinatos cometidos por varios frentes del Eln (especialmente el Manuel José Becerra, en el Cauca) y las disidencias de las Farc en este último departamento y Nariño. Lo que señalan todas las autoridades, la Fiscalía a la cabeza, es que, a diferencia de lo sucedido en los 80 con la Unión Patriótica, no se puede hablar de una organización de carácter nacional que esté atacando liderazgos locales con la connivencia de importantes aliados enquistados en el Estado.

Cada vida que se pierde por la violencia es un golpe al país, pero ese impacto se magnifica aún más cuando las muertes tienen que ver con las posiciones políticas o el activismo de las víctimas

Los reclamos por tierras arrebatadas en medio del conflicto, el impulso que algunos de esos líderes venían dando a los programas de sustitución de cultivos, las denuncias por la aparición de nuevos actores armados en las antiguas zonas de las Farc y su oposición a la minería ilegal aparecen entre los principales móviles de los crímenes. También, y justo es decirlo, hay algunos casos contados de muertes ocurridas en contextos de disputas personales y otras como producto de ajustes de cuentas.

Y aunque todos los colombianos esperaríamos una mayor efectividad de la justicia, también es un hecho que las investigaciones de estos asesinatos ya tienen resultados en casi un 50 por ciento de los casos. Resultado precario –podrán pensar algunos–, que sin embargo cobra toda su magnitud cuando se descubre que ese porcentaje dobla los resultados del común de las investigaciones por homicidio. Frente a ese delito, la rata de efectividad del aparato judicial está apenas en el 25 por ciento. Y hasta hace dos años, la impunidad era del 90 por ciento.

El gobierno saliente, que como ningún otro se comprometió con el reconocimiento y la protección de los liderazgos en las regiones que por décadas estuvieron en la marginalidad, se ha visto desbordado en algunas zonas por los ataques contra los líderes comunales, pero nadie podrá decir cabalmente que ha sido indiferente ante la situación.

De hecho, ha construido, muchas veces a punta de prueba y error, una institucionalidad que debería ser debidamente evaluada por la administración del presidente Iván Duque, cuyo compromiso en la defensa de los líderes sociales ha reiterado a través de diferentes canales en los últimos días. Esa misión no tiene distingos políticos, y –como lo han reiterado las Naciones Unidas, la Misión de Apoyo al Proceso de Paz de la OEA e influyentes ONG– lo que procede es tomar todas las medidas del caso para detener la escalada criminal.

El acuerdo de paz con las Farc, el de hace una década con los grupos paramilitares y la desarticulación de los grandes carteles del narcotráfico han enrutado a Colombia por una senda de disminución sostenida del número de asesinatos por año. Cada vida que se pierde por la violencia es un golpe al país, pero ese impacto se magnifica aún más cuando las muertes tienen que ver con las posiciones políticas o el activismo de las víctimas. Por eso, frente a este capítulo fatal, el mensaje no puede ser otro. Y, tal como quedó claro en las multitudinarias movilizaciones del viernes pasado: nunca más.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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