Para ganar la batalla

Para ganar la batalla

Triunfar contra la corrupción no es tarea imposible, pero poco servirán los esfuerzos aislados.

01 de octubre 2017 , 02:07 a.m.

Pocas imágenes recientes generan tanta impresión como la que publicó este diario la semana que termina. En la fotografía aparece Francisco Ricaurte, con la mirada perdida y sosteniendo el número que le asignó el Inpec como interno del sistema penitenciario, luego de habérsele hecho la reseña el día de su ingreso a la cárcel La Picota, de Bogotá.

Ver a quien fuera presidente la Corte Suprema de Justicia en esa circunstancia simboliza hasta dónde han llegado los tentáculos de la corrupción en el país. La orden de captura expedida en contra del senador Musa Besaile, prófugo en el momento de escribir estas líneas, muestra que el escándalo de compra de sentencias por una serie de congresistas apenas empieza a conocerse en su verdadera dimensión.

Que semejante cáncer es el desafío más grande para la legitimidad de las instituciones democráticas queda demostrado día tras día. Tan abominable lacra ocasiona enormes costos colectivos, tal como lo refleja el hecho de que, como consecuencia del deterioro en este frente, Colombia haya perdido cinco puestos en el reporte global de competitividad que elabora el Foro Económico Mundial, según se supo el martes pasado.

Al ser un palo en la rueda del desarrollo, la corrupción ha llamado la atención de todo tipo de entidades, incluido el Fondo Monetario Internacional. Un par de escritos aparecidos en los últimos días corroboran que un organismo que usualmente tiene otras preocupaciones en la mira está inquieto porque el desvío de recursos públicos impacta negativamente el crecimiento y la creación de oportunidades de empleo y progreso.

Cuando se hacen las comparaciones con otras latitudes, salta a la vista que América Latina está en condiciones similares a las de otros grupos de naciones emergentes. No obstante, una mirada más detallada revela que hay una gran disparidad en la región, pues Chile, Uruguay y Costa Rica reciben calificaciones semejantes a las obtenidas por países de ingresos mucho más elevados, mientras que Venezuela, Guatemala o Haití se encuentran en el otro extremo.

Colombia, por su parte, ocupa posiciones intermedias, pero aquí sí que cabe aquel refrán según el cual ‘mal de muchos, consuelo de tontos’. Dicho en términos distintos, sirve de poco congratularse porque otros están peor, cuando el problema continúa extendiéndose.

Lo destacable del análisis del FMI es el señalamiento de que combatir el mal no tendrá éxito si los esfuerzos son aislados. El motivo es que cuando la corrupción se vuelve sistémica y la gente considera que “todo el mundo lo hace”, la norma empieza a ser la de pedir y ofrecer sobornos, ya sea con el fin de evitar un castigo policial o con el de conseguir un contrato.

Por tal razón, los economistas hablan de que es necesario realinear incentivos y comportamientos. Eso se logra con castigos fuertes en el plano judicial, pero también con la sanción social, consistente en no aplaudir a los avivatos sino aislarlos. Pasar del dicho al hecho no ocurre de la noche a la mañana, pero diferentes experiencias enseñan que existe un camino por seguir.

El primer paso es, sin duda, la presencia de una justicia fuerte. Lo sucedido en Brasil, donde un puñado de funcionarios desmontaron una estructura criminal compuesta por los principales partidos y empresas de primera línea, es una demostración de que las victorias son factibles. En tal sentido, la labor de la Fiscalía General de la Nación permite pensar que no todo está perdido en la batalla, aunque faltan las sentencias ejemplares, a cargo de los jueces.

Así mismo, el Fondo Monetario Internacional destaca el papel de mecanismos como una comisión anticorrupción especializada e independiente, clave a la hora de combatir los intereses creados. No menos importantes son las medidas en favor de la transparencia y la rendición de cuentas, que pasan por la libertad de información, las declaraciones de ingresos y bienes de los servidores públicos o las auditorías aleatorias.

En la lista también figuran el fortalecimiento de los procesos de contratación pública, las subastas competitivas, la eliminación de reglas innecesarias y el nombramiento de buenos gestores en las entidades estatales, entre otras estrategias. Un punto fundamental es el mejoramiento de los marcos jurídicos para evitar procesos prolongados que dan la impresión de que la justicia no solo cojea, sino que nunca llega.

Como queda claro, el compendio de herramientas es amplio y requiere de liderazgo y voluntad política. El camino no es fácil, a quién le cabe duda. Pero no hay otra opción diferente que recorrerlo para recuperar la fe en las instituciones, cuestionadas hoy por la ciudadanía.

Triunfar en la lucha no es un imposible. Solo exige anteponer el bien común al particular. Esa sería la manera ideal de dar el primer paso.

editorial@eltiempo.com.co

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