Otro fraude a la salud

Otro fraude a la salud

La reventa de pañales y medicamentos es un delito millonario contra el sistema y la población.

05 de agosto 2017 , 12:00 a.m.

Saber que la tercera parte de los pañales para adultos que se ofrecen comercialmente en el país han sido revendidos por pacientes que los obtienen del sistema de salud a través de fallos judiciales es un descarado abuso contra toda la población.

Desafortunadamente, no pocos se han amparado en la posibilidad dada por el precepto constitucional de la salud como derecho fundamental para sacarles tajada a beneficios que desbordan la capacidad de las frágiles finanzas sectoriales.

Esta no es una queja menor, y menos cómo algunas organizaciones de pacientes intentan convertirla en un supuesto argumento del Gobierno para no suplir tal insumo. Basta con mirar las cifras oficiales para darse cuenta de que aquí se requieren acciones decididas.

En un solo año se presentaron 124.393 solicitudes de recobros por concepto de pañales, que alcanzaron los 26.597 millones de pesos. Y aunque de este monto solo se aprobó el desembolso (después de glosas) de 15.069 millones, según la denuncia de la vergonzosa reventa, 5.023 millones de pesos estarían siendo desviados de manera fraudulenta.

En un solo año se presentaron 124.393 solicitudes de recobros por concepto de pañales, que alcanzaron los 26.597 millones de pesos

Si bien es cierto que en este contexto resulta inaplazable el sano debate para finiquitar, de una vez por todas, la responsabilidad del sistema de salud en la cobertura de este tipo de insumos, ello no debe ser excusa para aceptar que algunos jueces, como lo dijo en días pasados el ministro Alejandro Gaviria, entreguen a una sola persona, por vía judicial, entre 500 y 600 pañales al mes. Y menos que haya casos aberrantes (también registrados) de valores de 25 millones de pesos por el mismo concepto para una sola persona en el mismo periodo.

Y este no es el único episodio de comercialización ilegal de productos cuyo fin es garantizar la salud y el bienestar de los afiliados. Hay indicios, por ejemplo, de que medicamentos –incluso básicos– son materia de inescrupulosos trueques en farmacias ilegales y de garaje a cambio de elementos de consumo doméstico como jabones, champús o cremas dentales.

El problema consiste en que en este mercado negro no solo están involucrados los pacientes y los intermediarios, sino compradores que, aun a sabiendas del origen ilícito de estos elementos, los adquieren bajo el señuelo de menores precios. Lo cual es sencillamente peligroso porque, al ser bienes sanitarios, en esta condición pierden todas las salvaguardas de calidad y seguridad que tienen originalmente. En efecto, son conocidas las remarcas, las modificaciones en las fechas de vencimiento, los reempaques y hasta el menudeo de algunos fármacos.

Se trata, pues, de un delito grave que, pese a tener varias aristas, como el desfalco y el atentado a los recursos de un sistema y poner en riesgo a toda la población, también deja ver la indolencia de no pocos que confunden el derecho fundamental a la salud con la oportunidad para lucrarse a costa del bienestar de muchos verdaderamente necesitados, en un sector que hace agua justamente por sus faltantes económicos.
Sanciones serias contra estos hechos deben empezar a darse, y ojalá estas no se tomen, como interpretan algunos, como un palo en la rueda del derecho a la salud.

- editorial@etiempo.com

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