Ni un líder muerto más

Ni un líder muerto más

La mejor manera de protegerlos es haciendo realidad ya los acuerdos.

22 de abril 2018 , 02:38 a.m.

Un informe publicado por este diario el miércoles pasado mostró un crudo retrato del gravísimo desafío que representa para el futuro del país la creciente ola de asesinatos de líderes sociales.

El trabajo periodístico incluyó cifras muy preocupantes: estas comienzan por los 164 homicidios registrados desde 2016 hasta la fecha, e incluyen también las 229 veredas y corregimientos en donde, según la ONU, hay riesgo latente para quienes asumen este rol, valiente y clave, en su comunidad. El vicepresidente Óscar Naranjo habla de 600 puntos rojos “con amenaza potencial” en toda la geografía nacional.

Al tiempo, cuatro perfiles de líderes asesinados y dos textos con la inspiradora historia de vida de dos de estos quijotes contemporáneos que han sido objeto de serias amenazas permitieron un acercamiento humano al problema. José Jaír Cortés en Tumaco, Nariño; Gildardo de Jesús Valdés en Anorí, Antioquia; Aldemar Parra en La Loma, Cesar, y Edilson Arango en Puerto Nare, Antioquia, entregaron, todos, sus vidas por el hecho noble de haber asumido como propósito de su existencia el bienestar de su gente. A su vez, Ermes Pete en el resguardo indígena de Belalcázar, Cauca, y Guillermo Pérez en el departamento del Cesar se han visto en serio riesgo por la misma causa, y es imperativo unir esfuerzos para ponerlos a salvo de quienes desde las sombras de la ilegalidad los acechan: de nuevo en la historia de Colombia, esas tenebrosas fuerzas oscuras.

Cuantas veces sea necesario, habrá que recordar la importancia de los líderes de cada comunidad: de ellos depende, en gran medida, que permanezca y se haga más robusto el tejido social; ligado a esto último, en numerosos territorios que fueron azotados por el conflicto armado, ellos son la vanguardia de la construcción de paz, de la defensa de lo legal, los artífices sobre el terreno responsables de buena parte de su armazón.

Lo que no es tolerable, lo que resulta indignante es que en esta labor absolutamente neurálgica se hayan visto tan vulnerables, se hayan convertido –sin saber en qué momento– en el blanco de quienes se empeñan en impedir a cualquier precio que en sus territorios los preceptos básicos del Estado de derecho, es decir, todo aquello que permite una convivencia tranquila en un marco de justicia y respeto por los derechos fundamentales, pasen por fin de los libros de texto de los colegios –si es que los hay– a los hechos.

La pregunta obligada es qué hacer para frenar en seco esta amenaza. Lo urgente es, por supuesto, la protección a través de chalecos antibalas, vehículos y escoltas. Pero debe quedar claro que lo importante aquí son las acciones estructurales que les corten las fuentes de oxígeno a las mafias de todo tipo, para las que los líderes son un obstáculo que impide su avance, marcado por una infinita y sangrienta codicia. Vital también, como lo ha dicho la Defensoría del Pueblo, es parar la estigmatización. Hay que pasar ya esa lamentable página en la que apersonarse de las necesidades de la gente y buscar soluciones eran sinónimo de injustificada sospecha.

De lo anterior se concluye que la forma más efectiva para cuidar a estas valiosísimas personas es haciendo realidad, al fin, las promesas del posconflicto. Es fundamental también que la protección que brinde el Estado tenga en cuenta la situación particular de cada uno de los líderes amenazados y que se les dé la debida importancia a las medidas colectivas como las que menciona Guillermo Pérez. “Tejer redes, hacer grupos de solidaridad (...). Cuando uno se entera de una agresión en cualquier parte del país a un compañero, nos pronunciamos de inmediato”.

Hay que decir que frente a este triste fenómeno, el Estado ha reaccionado. No se puede, desde luego, pasar por alto su demora lamentable y evidente para copar esos territorios que dejaron las Farc y en donde hoy es mayor el riesgo para las comunidades, pero es verdad que se ha demostrado voluntad para encontrar la mejor manera de poner a salvo a estos defensores de los derechos de sus comunidades. Así mismo, en cuanto al esclarecimiento de los crímenes, debe decirse que la Fiscalía ha implementado una estrategia para priorizar la investigación de estas muertes, que ha alcanzado un 50 por ciento de efectividad, cifra que dobla la de los homicidios en general.

También la Procuraduría expidió el año pasado una directiva en la cual les pide a sus delegados darles prevalencia a las quejas de los defensores y en la que igualmente insta a las autoridades para que investiguen oportunamente las amenazas.

Lo dicho por el vicepresidente Óscar Naranjo es alentador. Sus declaraciones dejan ver que en el alto Gobierno es evidente que la sola protección con los recursos y herramientas convencionales no es suficiente. Apuntan sobre todo a la prevención, como tiene que ser. Ahora resta esperar que las medidas se apliquen sin dilación y que en el proceso no se diluya su filosofía original. Y aquí hay que ser muy claros: el sucesor de Juan Manuel Santos tiene la obligación de continuar con esta tarea, dándole la máxima prioridad por el tiempo que sea necesario.

EDITORIAL
editorial@eltiempo.com

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