Mucho más que una pregunta

Mucho más que una pregunta

Cerrarle las puertas a las actividades extractivas acarrea consecuencias que no son de poca monta. 

04 de junio 2017 , 01:08 a.m.

La avalancha de consultas populares en los ámbitos municipales les suma un nuevo interrogante a las actividades extractivas en el país. Cerrarles las puertas a la minería, el petróleo o la generación de electricidad acarrea consecuencias que no son de poca monta.

La cita con las urnas que tienen programada para hoy los ciudadanos de Cumaral, en el Meta, ha despertado el interés de la opinión en Colombia. El motivo es que los votantes deberán responder afirmativa o negativamente a la pregunta sobre si están de acuerdo con que dentro de la jurisdicción del municipio se ejecuten actividades de exploración sísmica, perforación, exploratoria y producción de hidrocarburos.

Decir que el ambiente se encuentra cargado es una manera simple de resumir un tema con muchas aristas. Desde hace semanas, los cumaraleños han escuchado las arengas de quienes se oponen a la explotación de petróleo en la zona. La mayoría de los mensajes se concentran en plantear el dilema de crudo o agua, mientras que otros hablan de los males que deja un hallazgo de este tipo, particularmente en materia de mayor violencia o deterioro del tejido social.

Más allá de lo que revele el conteo de los sufragios, los comicios locales forman parte de una ola cuyo tamaño crece, pues el mecanismo de las consultas populares está en pleno auge. Si a mediados de abril se encontraban 21 procesos de este tipo planeados, ahora la suma va en 44 municipios, y todo indica que vienen más. En la mayoría de los casos se busca proscribir la minería, mientras que en otros el objetivo son los hidrocarburos o los proyectos energéticos.

Las iniciativas a nivel local han atraído la atención tanto de los grupos ambientalistas como de sectores políticos interesados en pescar en río revuelto. La proximidad de la temporada electoral ayuda a entender en parte la avalancha de referendos a escala local, cuyas implicaciones legales no son claras.

Debido a ello, la incertidumbre entre las compañías del sector extractivo es, hoy por hoy, la norma en el país. Esa es una mala noticia para una economía que anda por el carril lento en materia de crecimiento y necesita la reactivación de la inversión privada para salir adelante.

No menos inquietante es que el asunto esté rodeado de hostilidad hacia las empresas del ramo, sean estas de capital nacional o no. A los retos de competitividad que nacen de una geografía agreste, de la presencia de actores violentos en las zonas rurales o de esquemas tributarios que en ocasiones superan la norma en América Latina, ahora se suman las comunidades, en más de una ocasión asaltadas en su buena fe.

Cerrarles las puertas a la minería, el petróleo o la generación de electricidad acarrea consecuencias que no son de poca monta. Aparte del sacrificio de miles de empleos potenciales y de oportunidades de desarrollo, existen peligros como la pérdida de la autosuficiencia, dadas nuestras escasas reservas de crudo, cuyo horizonte apenas supera los cinco años. Remplazar lo que se extrae es fundamental, pero eso no será posible si el ambiente para explorar o explotar el llamado oro negro se oscurece todavía más.

Adicionalmente, no está de más recordar que la Carta Política establece que el subsuelo es de la nación. Lamentablemente, la propia Corte Constitucional se ha encargado de debilitar ese principio con sentencias que envían mensajes equívocos y dan pie a interpretaciones distintas.

En tal sentido, es clave que el Gobierno lidere el debate y radique cuanto antes ante el Congreso un proyecto de ley que sincronice las competencias para que quede delimitado hasta dónde pueden ir las entidades territoriales al definir el uso del suelo. Por cierto, el Ejecutivo también necesita proceder con la ley estatutaria de las consultas previas, un mecanismo participativo en el cual hay igualmente abusos.

Una demora en legislar puede llevar a que se creen hechos políticos o a que avancen decisiones como la del Concejo de Támesis, en Antioquia, que prohibió la minería de metales en el territorio municipal. Cuando soplan vientos de populismo, hay que reaccionar con reglas de juego claras, expedidas a tiempo.

El planteamiento no desconoce que se requiere cambiar la forma de hacer las cosas para que los segmentos extractivos recuperen la legitimidad perdida. Ignorar a las comunidades es un error, así como desconocer sus aspiraciones. Es obligatoria una labor pedagógica para desmontar mitos como el que habla de la desaparición del agua si se desarrolla un proyecto, lo cual no excluye velar por el medioambiente.

Por otro lado, resulta indispensable aprender de las malas experiencias del pasado, con el propósito de crear casos de éxito replicables. Cuando la gente vea que minería y petróleo son sinónimos de avance, la discusión será más sencilla y todos podrán apuntar a un mismo objetivo.

Este no es otro que sembrar el progreso, gracias a los recursos naturales no renovables. Son numerosos los ejemplos de países que disminuyen la pobreza o cierran brechas sociales por este medio, pero eso no será posible en el nuestro si la anarquía normativa prima y las consultas populares contribuyen a enredar aún más la madeja, como sucede ahora.

editorial@eltiempo.com.co

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