Menos homicidios, pero todavía falta

Menos homicidios, pero todavía falta

La noticia de la baja en muertes violentas es positiva, pero no suficiente para quedar tranquilos.

07 de enero 2018 , 01:11 a.m.

Confirmar que el año pasado, al tenor de las cifras de homicidios, pasará a la historia como uno de los más seguros en las últimas décadas es un hecho que, además de generar optimismo, no debe tomarse a la ligera y enmarcarse, dadas las proyecciones, en debates desprovistos de intereses que desdibujen este desenlace, resultado de muchos factores.

Para empezar, hay que valorar la cifra dada a conocer recientemente por el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas, que ubica la tasa de homicidios en 24 por cada 100.000 habitantes –la más baja en cuatro décadas– e indica que en este periodo se salvaron más vidas que en todos anteriores. Hecho realmente importante.

Como también lo es saber que, según datos de la Policía, no se registraron homicidios en 213 municipios del país, ubicados especialmente en Boyacá, Santander, Cundinamarca, Bolívar, Nariño y Norte de Santander. Así mismo, hay 18 ciudades capitales donde el crimen ha bajado. La lista la encabeza Bogotá, con 135 muertes menos. Vale así mismo reconocer que la tasa más baja la tuvo otra vez Boyacá, con 6 por cada 100.000 habitantes, y que el mayor descenso en estas cifras se evidenció en Villavicencio, Montería, Barranquilla, Cali y Bogotá.

No se trata de que se desconozca la gran distancia que separa al país de la tasa mundial de 6 homicidios por cada 100.000 habitantes. Lo importante para Colombia y la sociedad es que se revisen las estrategias aplicadas para contener estos desafueros, con el objetivo de reforzar las que resultan efectivas, revaluar las que no lo son e implementar las que sean necesarias, al compás de los cambios que imponen las dinámicas que influyen en este campo.

El ministro Villegas resaltó que la disminución en los homicidios se debe, entre otros motivos, a “una mejor comunicación y coordinación con la Fiscalía General y a la orientación de los esfuerzos para desmantelar estructuras criminales, la incautación de armas y el incremento de actividades de inteligencia e investigación criminal”. Pues, hay que decir que se hace camino al andar.

De otro lado, es hora de mirar que mientras se desactiva el conflicto armado se afianzan otras estructuras criminales en algunos territorios, en especial en zonas cocaleras, lo que deja entrever una nueva faz de la violencia, más cercana a la cotidianidad, a la que hay que combatir con contundencia.

Es claro que la baja capacidad del sistema judicial para investigar los homicidios (menos del 38 por ciento), la dispersión en las cifras y las inaceptables variaciones dadas por sesgos institucionales en cuanto a datos son obstáculos en esta tarea, pero no suficientes para impedir que se planteen algunas presunciones, y con la intención de fortalecer las labores que permitan continuar con el objetivo ideal de llevar esta pérdida de vidas al mínimo.

Aquí hay que aceptar que al analizar la distribución geográfica de los homicidios en las zonas donde el conflicto armado era una constante, las cifras, aunque siguen siendo altas, han caído consistentemente. Ello no significa que los asesinatos en esas zonas hayan desaparecido, porque el actuar de las bandas criminales, con su intimidación y el temor para ejercer el control, en ocasiones termina en muertes que incrementan las cifras. Y tiene que ser una preocupación constante el asesinato de líderes sociales.

Por supuesto, se deben reconocer las políticas proyectadas en decididas acciones de la Policía y las Fuerzas Militares para mantener a raya a bandas y grupos de todo cuño al margen de la ley, al igual que la puesta en marcha de acciones preventivas al amparo del nuevo Código de Policía.

Cada vida salvada, cada descenso en las cifras son buenas noticias, sin duda, pero no suficientes para quedar tranquilos. Todo porque la violencia nacional muestra su renovada cara homicida en la intolerancia en el seno de las familias, en las riñas callejeras (cobró 3.422 vidas), en la violencia de género, en el robo a menor escala y en las solución de los conflictos entre personas del común, en el sicariato (5.606 vidas), situaciones frente a las cuales las autoridades de policía y el aparato judicial parecen verse desbordados, lo cual impacta significativamente en la llamada percepción de inseguridad.

En síntesis, la noticia es positiva, pero no hay que cantar victoria sino reforzar la estrategia y replantear el reto colectivo de propender a una cultura enmarcada en la civilidad y la convivencia, que empieza por cerrar brechas sociales, atenuar conflictos y fortalecer los sistemas judiciales para disminuir la impunidad y, sobre todo, generar estrategias a fin de retomar la confianza en las instituciones, de modo que la gente no piense que la justicia por su mano es la que vale y tiene sentido. La tarea es de todos.

editorial@eltiempo.com

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