Editorial: Las madres comunitarias

Editorial: Las madres comunitarias

Las reivindicaciones de estas mujeres tienen que darse con sensatez en el manejo del erario.

29 de enero 2017 , 02:12 a.m.

El programa de hogares comunitarios, que nació como un voluntariado social hace treinta años –un grupo de señoras de sectores vulnerables que ayudaban a cuidar a los niños de sus vecinos en sus domicilios mientras ellos iban a trabajar– se ha convertido en un asunto altamente sensible para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.

Y es que cada tanto, estas mujeres –hoy son 60.000 las madres comunitarias, según la entidad– organizan paros y movilizaciones en los que exigen mayores atenciones y mejoras para sus programas, de los cuales se benefician unos 800.000 menores de edad. Ya anunciaron uno más para la próxima semana.

Su principal objetivo, por el que han luchado siempre, es el de entrar en la nómina del Estado. Un clamor –para justificar su servicio al Estado y su aporte a la sociedad e insistir en que se les reconozcan sus derechos laborales como servidoras públicas– que pareció materializarse al aprobar el Congreso un proyecto de ley que las reconoce como trabajadoras formales del Estado, permitiendo su ingreso a la nómina del ICBF con un contrato a término indefinido.

Y aunque la iniciativa del senador del Polo Democrático Alexánder López parecía ir por buen camino, el jueves el presidente Juan Manuel Santos anunció la objeción de esta argumentando inconveniencia e inconstitucionalidad. En particular, la descomunal carga presupuestal que representaría crear por lo menos 60.000 nuevos puestos de trabajo.

En entrevista con este diario, la directora del ICBF, Cristina Plazas, aseguró que la puesta en marcha de dicha ley sería una sentencia de muerte para una institución que atiende a cerca de 4 millones de niños en el país, a través de diferentes modalidades. Para cumplir lo dispuesto con la norma objetada serían necesarios, al año, unos 800.000 millones de pesos, según sus cálculos. Algo totalmente inviable.

Con estos recursos, sigue la funcionaria, se atenderían a otros 400.000 niños que en este momento están sin atender, precisamente por falta de presupuesto. Las madres argumentan, por su parte, que la decisión del presidente Santos vulnera sus derechos como trabajadoras y desconoce la labor social que han desarrollado.

Pero lo cierto es que, aunque la vocación del programa es la de un voluntariado, hecho que no puede perderse de vista, estas mujeres han logrado beneficios que no son de poca monta. Cuentan con un contrato laboral –a través de ONG y asociaciones dirigidas en muchos casos por ellas mismas– y reciben un salario mínimo mensual vigente, con todas sus prestaciones. Además de aportes de los padres de familia de entre 13.000 y 25.000 pesos, incluso más. Tienen un subsidio pensional para aquellas que no cumplen con los requisitos de las semanas cotizadas, así como acceso a programas del Sena y a subsidios de vivienda.

No se trata de desconocer el valioso aporte de estas personas a la construcción de tejido social en Colombia. Esto está fuera de duda. Se trata, sí, de hacer énfasis en que sus reivindicaciones tienen que situarse en el marco de responsabilidad y sensatez que debe regir el manejo del erario. Y tomar necesaria distancia de la milimetría política.

editorial@eltiempo.com

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