La salud de los venezolanos

La salud de los venezolanos

Su cobertura no es solo una obligación moral, es también un deber consignado en la Ley Estatutaria.

01 de septiembre 2017 , 12:00 a.m.

La atención en salud –y particularmente en casos de urgencia– a la población venezolana que está migrando a Colombia no es solo una obligación moral, es también un deber consignado en la Ley Estatutaria de Salud –la cual prohibió negar la atención de urgencias a cualquier ciudadano que la requiera– y es gesto de reciprocidad histórica: Venezuela, cabe recordarlo, fue una tierra de oportunidades para miles de colombianos en décadas pasadas.

Sin embargo, queda un vacío normativo difícil de subsanar: la atención a pacientes que padecen enfermedades crónicas y de alto costo, condiciones que han obligado al Ministerio de Salud a optar por unas medidas que, si bien son propositivas y a favor de esta población, exigen también cautela y soporte de otros sectores, antes de caer en promesas imposibles de cumplir.

Es claro que la dificultad para cuantificar las dimensiones del fenómeno migratorio imposibilita calcular el monto potencial de las atenciones en salud. Aunque lo deseable es que los venezolanos reciban servicios en igualdad de condiciones que los colombianos, sería irresponsable comprometer las ya limitadas finanzas del sistema de salud en esta tarea. Es evidente que un fenómeno de tal magnitud desborda los límites del sector. Por ello es hora de que este adquiera una visión intersectorial e internacional.

Este sector ha cumplido con el deber ético e histórico de garantizar la atención de esta población, pero es una tarea que requiere el apoyo de todo el país

Aquí hay que reconocer que a pesar de las limitaciones, el Ministerio de Salud ha hecho causa propia de la situación. Para la muestra está la asistencia individual por urgencias prestada a decenas de personas en los hospitales de las áreas limítrofes; y en el plano colectivo, vale resaltar acciones como la de la Jornada Nacional de Vacunación del pasado 29 de julio, en la que el Plan Ampliado de Inmunización colombiano (PAI) –el más completo del continente– cubrió, sin distingos, a casi un millar de venezolanos (entre niños y adultos) seriamente expuestos a males prevenibles y que podrían tener desenlaces epidémicos.

De igual forma, y como un hecho sin precedentes, los migrantes venezolanos y sus familias, que se encontraban en el país en calidad de irregulares hasta el pasado 28 de julio, con la obtención del permiso especial de permanencia (PEP) adquirieron de manera automática el derecho para afiliarse al Sistema General de Seguridad en Salud, tanto en el régimen contributivo como en el subsidiado, según su situación socioeconómica. En un acto calificado de trascendental, Minsalud avaló el PEP como documento válido para este trámite, con lo que estas personas quedan amparadas como cualquier colombiano por el sistema de salud.

Por si fuera poco, se ha reiterado la obligación de los hospitales –públicos y privados– de garantizar la atención de urgencias a todas las personas y de evitar cualquier comportamiento discriminatorio, so pena de recibir la descalificación pública, además de las sanciones de rigor.

Pero esto cuesta. De ahí el llamado a los demás sectores públicos y privados y a las agencias sanitarias y ONG internacionales para que ayuden a financiar estos compromisos, adquiridos desde la orilla de la salud pero cuyo cumplimiento debe ser una obligación ética de todo un país.

editorial@eltiempo.com

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