La nueva justicia para la paz

La nueva justicia para la paz

El comienzo de esta jurisdicción es un gran reto para Estado, operadores judiciales y guerrilla.

30 de marzo 2017 , 12:00 a.m.

Mientras en el terreno avanza el proceso de desmovilización y desarme de las Farc –para finales de esta semana se espera que Naciones Unidas haya completado la relación de al menos 8.000 armas de las que entregará esa guerrilla–, en el Congreso se acaba de dar otro paso fundamental para el cumplimiento de los acuerdos de La Habana: la bendición final, mediante la conciliación de los textos aprobados por Senado y Cámara, a la nueva justicia especial para la paz.

El trámite, que pone en vigencia esa reforma constitucional, significa un banderazo para que se empiecen a conceder los beneficios penales a guerrilleros y agentes del Estado detenidos por los hechos cometidos en la guerra. Pero, fundamentalmente, es el punto de partida para un nuevo capítulo de justicia transicional –el segundo que se intenta en el país luego de la experiencia de Justicia y Paz con los paramilitares– que está llamado a cerrar las profundas heridas causadas por más de 50 años de conflicto.

Ya es sabido que para muchos, la fórmula de sacrificar justicia a cambio de paz no es de fácil aceptación. El pragmatismo que requiere una negociación exitosa y el clima de tranquilidad que impera hoy en zonas que por décadas sintieron el rigor de la violencia y la ausencia del Estado son argumentos que, sin duda, contribuyen a crear para la nueva justicia un margen razonable de espera. Pero el reto para el Estado, los nuevos operadores judiciales y la misma guerrilla es enorme.

Las Farc, por su lado, deben honrar los compromisos de verdad plena, reparación de sus víctimas y no repetición, que le dan sentido al modelo de justicia alternativa.

El Gobierno, que se jugó su capital político por la paz y logró sacar adelante una negociación por cuyo fracaso muchos apostaban, tiene obligaciones urgentes. Garantizar la logística para la desmovilización, impedir que otros actores armados copen antiguas zonas de las Farc y cumplir los compromisos para permitir la reintegración de los exguerrilleros y plenas garantías para que hagan política son algunas de ellas. A eso se suman garantizar los recursos para poner a marchar la nueva justicia especial para la paz y la implementación de las normas adicionales que aún se requieren.

Y, por supuesto, aplicar contra los reincidentes todo el peso del Estado, para dejar bien claro el mensaje de que la generosidad no puede ser confundida con pasividad.
Las Farc, por su lado, deben honrar los compromisos de verdad plena, reparación de sus víctimas y no repetición, que le dan sentido al modelo de justicia alternativa. Alejarse totalmente del narcotráfico y contribuir a que en el país se acaben los mares de coca que por estos días se ven en varias de sus zonas de influencia son pasos que ya deberían estar dando.

Y los magistrados –cuya elección está en proceso– y los investigadores enfrentan la responsabilidad histórica de decirles a los colombianos la verdad judicial de lo que ocurrió en la guerra, aplicar una justicia equilibrada, tanto para los desmovilizados como para los agentes del Estado responsables de graves crímenes, y, con todo esto, enviar al país y al mundo el mensaje contundente de que la impunidad no fue la vencedora en el sangriento y largo conflicto que asoló el país.Llevar a la realidad un acuerdo de paz no es fácil. La nueva justicia especial para la paz tiene en sus manos una de las claves para lograr que esto sea posible.editorial@eltiempo.com

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