La ley del más fuerte

La ley del más fuerte

El Estado colombiano tiene la obligación de librar y ganar la guerra contra la informalidad.

12 de diciembre 2017 , 12:00 a.m.

Con cada vez mayor frecuencia las noticias que llegan del occidente del país, y en particular de la costa Pacífica, recuerdan que en estos territorios el posconflicto sigue siendo una utopía.

Saber que en menos de quince días ya son veinte las muertes por causa de enfrentamientos entre grupos armados en esta región obliga a darle máxima prioridad a la búsqueda de salidas para que el destino del Pacífico colombiano no esté irremediablemente atado a sangrientas disputas por el control territorial.

Y es que pasada la página de las Farc, idos los tiempos en los que estos episodios de violencia tenían un ingrediente político –por más diluido que este se encontrara al final–, lo que hoy vemos es una abierta y sangrienta disputa entre delincuentes organizados por controlar rentas ilegales.

La manera como se desenvolvieron los hechos en uno de estos episodios, el más reciente ocurrido este fin de semana en Suárez, Cauca, es reveladora. Además de las siete vidas humanas perdidas, algo desde luego doloroso y lamentable, hay que observar otros aspectos de lo sucedido. Primero, el hecho de que la confrontación tuvo lugar entre ‘grupos armados residuales’ de dos antiguas columnas de las Farc.

Los hechos violentos recientes ocurridos en el occidente del país recuerdan que son todavía demasiados los lugares bajo esta ley.

Segundo, que, según afirmaron testigos, aquellos argumentaron que querían el control territorial por tratarse de un punto estratégico. Y, tercero, la manera como, otra vez, en la mitad del fuego cruzado queda la población civil amedrentada y expuesta a las balas. En este caso, como denuncian miembros de la comunidad, entre las víctimas se encuentra una mujer de 20 años, integrante del pueblo nasa.

En los hechos de Magüí Payán, Nariño, hay varios elementos comunes: la confrontación fue motivada también por el control de un corredor clave para el tráfico de cocaína, y se trata de una disputa entre bandos armados ilegales, pues no hubo tampoco participación de la Fuerza Pública. Aquí, los protagonistas fueron el Eln y un grupo denominado ‘Guerrillas Unidas del Pacífico’. En este caso, lo más revelador es que pasaron varios días antes de tener certeza de lo ocurrido, demora atribuida a lo difícil que es para las autoridades llegar al lugar.

Así como en el centro del proceso de paz con las Farc estuvieron las víctimas, proteger la población de estos municipios hoy expuesta a las sangrientas disputas entre criminales, cada vez más vulnerable a su matoneo, tiene que ser la motivación para que avance a paso más firme la urgente tarea de que las instituciones, no solo la Fuerza Pública, digan allí ‘presente’, con todas las letras. Aunque en estas disputas el Estado no es parte, a este le compete una guerra en un escalón superior: la que debe librar con toda su capacidad contra la informalidad. La misma que posibilita la existencia de estas bandas.

Hay que repetirlo cuantas veces sea preciso: no es aceptable que en un país que en otros campos, literal y metafóricamente hablando, muestra tantos avances, al punto de que, por ejemplo, está en el umbral de una organización como la Ocde, siga habiendo territorios en los que el Estado de derecho es una quimera y, por lo tanto, la única ley con vigencia real y efectiva es la del más fuerte.

editorial@eltiempo.com

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