La eterna crisis carcelaria

La eterna crisis carcelaria

Urge una solución definitiva al hacinamiento en las prisiones. Vale la pena oír al Procurador.

05 de junio 2017 , 07:55 p.m.

Si en Colombia hay un problema sobrediagnosticado y a la vez sin solución es el de la crisis humanitaria que se vive en las cárceles. Por décadas, gobierno tras gobierno, las autoridades han sido incapaces o indiferentes para ponerle remedio efectivo a una bomba social que crece cada día.

Hoy, en los 144 centros penitenciarios y carcelarios del país hay 116.007 personas. El hacinamiento es del 47,42 %, porque los cupos reales son 78.690, e incluso, muchos de estos están en precarias condiciones para albergar dignamente a un ser humano.

Ese hacinamiento, que viola los más mínimos derechos, es el caldo primigenio de todos los males que se ven en las cárceles, donde el imperio del Estado de derecho sigue siendo una ficción y donde la función básica de un sistema penitenciario de resocializar a los delincuentes es una rareza.

De allí la importancia de propuestas como la del procurador Fernando Carrillo de un pacto nacional para humanizar el sistema penitenciario y carcelario. Y pensar en la justicia restaurativa. Pero, además, combatir la corrupción y la delincuencia interna, pues, dice el Procurador, “las redes criminales se apoderaron de las prisiones”. Se requiere, según él, reingeniería del Inpec y más control del Estado en los penales.

Hoy, en los 144 centros penitenciarios y carcelarios del país hay 116.007 personas. El hacinamiento es del 47,42 %

Ante este reto, se necesitan soluciones integrales que eviten que las instituciones operen como ruedas sueltas. Aquí ha hecho carrera el ‘populismo punitivo’, que ha aumentado penas y el número de conductas castigadas con cárcel. Hacer más racional la detención preventiva, por cuyo abuso enfrenta la Nación demandas por 22 billones de pesos, es parte de la solución.

Pero la excarcelación masiva, como bien lo ha advertido el fiscal Néstor Humberto Martínez, no puede ser la única salida que plantee el Estado frente a la crisis. Racionalizar la detención pasa por garantizar, también, que quienes por la gravedad de sus crímenes o porque son un peligro para la sociedad, efectivamente queden tras las rejas. Hoy, desafortunadamente, son muchos los casos en los que los jueces de garantías devuelven a las calles a delincuentes redomados, amparados en la interpretación más o menos laxa de los parámetros establecidos. Cerrar ese boquete tiene que ser, asimismo, parte de la solución.

Claro, la construcción de nuevas cárceles y la modernización de las existentes son otra necesidad inaplazable. Repensar la fallida Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios (Uspec), que se creó hace cinco años como supuesta respuesta a la corrupción en los contratos del sector, y que ha sido protagonista de no pocos escándalos, es otro paso en ese camino.

En la ampliación de la infraestructura, los municipios y gobernaciones tienen que empezar a cumplir el mandato de ocuparse de la detención de los sindicados, que es lo que en teoría debería estar pasando.

Y, por supuesto, la solución pasa por tener una institución que garantice que en las cárceles imperen la ley y el respeto por los derechos de todos los internos. Eso no lo garantiza el Inpec, una institución acosada por la corrupción interna y las presiones ilegales a las que están sometidos muchos de sus funcionarios por el diario contacto con los delincuentes.

Esta es una tarea enorme y compleja, pero inaplazable.

- editorial@eltiempo.com

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