La corrupción judicial

La corrupción judicial

La prioridad para el país en los años venideros es reformar a fondo esta rama del poder público.

17 de julio 2017 , 12:12 a.m.

Nadie en el país, y menos por estos días, tiene la menor duda de que la corrupción es el gran enemigo público de los colombianos. Pero, de todas sus indignantes expresiones, la corrupción judicial es tal vez la más peligrosa, porque encarna la degradación de una institucionalidad que cuenta entre sus principales obligaciones, precisamente, atajar y castigar a los corruptos.

Aunque sorprendan hoy a muchos colombianos, casos como el de Luis Gustavo Moreno, el fiscal anticorrupción corrupto, y el de la red judicial detenida en el Meta por vender beneficios a peligrosos delincuentes –por el que están procesados tres magistrados del Tribunal Superior de Villavicencio– desafortunadamente no son flores exóticas en el jardín de la justicia.

Colombia no puede llamarse a engaños. Si algún poder requiere un cambio de fondo es el judicial, porque es el llamado a garantizarles a todos los colombianos que los otros dos, el Ejecutivo y el Legislativo, no abusen de sus facultades. Esa función, clave para mantener la institucionalidad de la nación, ha sido ejemplarmente cumplida en momentos aciagos para nuestra democracia, como en la arremetida del narcoterrorismo, el proceso 8.000 y la ‘parapolítica’.

No hay quien dude del compromiso con el país de miles de servidores y funcionarios judiciales que cada día arriesgan su tranquilidad, y hasta la vida, por hacer justicia. Pero, en las últimas décadas, en un ambiente proclive a la impunidad creado por la falta de controles efectivos y un errático concepto de la independencia judicial, pelecharon las manzanas podridas.

Algunos altos magistrados, esos que llevan años torpedeando cada intento de ponerles coto a prácticas y prebendas que le quitan majestad a la justicia, están en mora de dar ejemplo.

No solo presentando cuanto antes su anunciado proyecto de reforma judicial, que tiene más de un año en el congelador, sino dejando de lado las prácticas de pura politiquería, como los nombramientos a dedo de reemplazos en los despachos judiciales y el descarado cabildeo por sus recomendados para ponerlos en altos cargos de la burocracia de Fiscalía y Procuraduría, un mal que ha sido histórico y podría explicar, en buena medida, hechos como el de la llegada de un hombre como Moreno a la jefatura anticorrupción. El fiscal Néstor Humberto Martínez, cuyo compromiso en la cruzada contra este flagelo ha quedado plenamente demostrado, está –hay que decirlo– en mora de explicar quién puso la hoja de vida de Moreno a su consideración.

Pero ese es solo un frente del problema. Es claro, así mismo, que la figura de los jueces de garantías y de ejecución de penas se ha convertido en un hueco por el cual peligrosos delincuentes logran, en muchos casos, beneficios indignantes, cuando no el regreso a la libertad. Más grave aún cuando, como parece haber ocurrido en el Meta, algunos de los más altos dignatarios de la justicia terminan siendo motores de semejante máquina delictiva.

Es, pues, inevitable el sentimiento de desolación que produce verle la cara al monstruo. La buena noticia es que este es un primer paso –por años aplazado– en la tarea de derrotarlo. Y ya se dio.

editorial@eltiempo.com.co
EDITORIAL

MÁS EDITORIALES

Ya leíste 20 artículos gratis este mes

Rompe los límites.

Aprovecha nuestro contenido
desde $10.999 al mes.

¿Ya eres suscriptor? Ingresa

Sabemos que te gusta estar siempre informado.

Crea una cuenta gratis y pódras disfrutar de:

  • Acceso ilimitado al contenido desde cualquier dispositivo.
  • Acceso a boletines con las mejores noticias de actualidad.
  • Comentar las noticias que te interesan.
  • Guardar tus artículos favoritos.

Crea una cuenta gratis y disfruta de acceso ilimitado al contenido, desde tu computador, tableta o teléfono inteligente.

Disfruta del contenido sin límites

CREA UNA CUENTA GRATIS


¿Ya tienes cuenta? INGRESA