Editorial: Hasta las últimas consecuencias

Editorial: Hasta las últimas consecuencias

Fundamental no desfallecer en esclarecimiento de lo ocurrido en recientes escándalos de corrupción.

22 de enero 2017 , 12:11 a.m.

Un exviceministro de Estado y un exsenador de la República presos en La Picota por la recepción de sobornos de la multinacional Odebrecht en nuestro país permiten calcular la dimensión y profundidad del andamiaje corrupto que venía funcionando desde hace al menos 8 años en torno a obras de infraestructura claves para el desarrollo de la nación, tasadas en casi 3 billones de pesos.

Hasta diciembre, se creía que Colombia había permanecido inmune a un escándalo que estalló hace un año en el vecindario y ya deja más de un centenar de políticos, funcionarios y empresarios presos en varios países. Sin embargo, el trabajo hecho por la Fiscalía General, en tiempo récord, demuestra que las prácticas ilegales de la multinacional tocaron a varias entidades públicas. El Ministerio de Transporte, el Inco, el Invías y algunas fichas en el Congreso de la República y en otras ramas del poder ya aparecen mencionados en la maraña de giros y presiones por medio de los cuales Odebrecht se abrió camino para que le asignaran el segundo tramo de la Ruta del Sol y la vía Ocaña-Gamarra.

Incluso la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), creada hace tan solo seis años para conjurar los males que históricamente han afectado la contratación pública, parece haber sido permeada, no obstante el buen desempeño que venía mostrando. Ahora el país no solo está frente a la inminente nulidad de dos contratos de obra, vitales para el desarrollo y la economía. También, ante el reto de develar el fondo de esta auténtica olla podrida. Rodear a la Fiscalía y a los demás organismos de control, como la Contraloría General y la Procuraduría, que están contribuyendo en la investigación, es urgente para ir hasta las últimas consecuencias. Más aún si se tiene en cuenta que ya se habían escuchado campanazos de alerta sobre lo que estaba ocurriendo, sin que fueran atendidos.

De igual forma, por el bien de Colombia, tampoco es conveniente que la investigación se politice para señalar culpables sin pruebas, defender partidos y capitalizar políticamente una tragedia nacional. Aquí hay que hacer un llamado específico a Juan Manuel Santos y a Álvaro Uribe para que moderen el tono con que han intervenido en la discusión que en el debate público se ha formado acerca de este y otros escándalos de corrupción. La razón tiene que ver con el calibre de los cuestionamientos, el cual, cuando estos provienen de líderes de tal nivel, puede dejar como víctima colateral, si es que cabe el término, a la confianza en las instituciones. Dicho de otro modo, podría llevar a que tome vuelo entre la gente la idea de que estas son mayoritariamente corruptas, lo cual es a su vez un río revuelto en el que muchos pescadores querrán sacar provecho.

Saber qué pasó no solo en este, sino en otros tantos casos sobre los que esta semana se posaron los reflectores, por qué no prosperaron las investigaciones y quiénes están involucrados es un ejercicio vital para la salud de la patria y de quienes pretenden gobernarla en el posconflicto. Con la misma celeridad y firmeza con que está actuando la Fiscalía, se deben enrumbar las obras afectadas para que el daño no sea mayor y el castigo sea, de una vez por todas, ejemplar. Además, deben tomarse correctivos eficaces para que el erario no siga siendo un botín de poderosos e intocables corruptos. La auditoría independiente que la ANI ya anunció dará luces en este sentido. Pero la tarea conjunta con el Congreso es vital: es urgente que implemente normas y levante reservas sobre información que permita la veeduría en torno a la conducta y el crecimiento patrimonial de funcionarios y parlamentarios.

La prensa está haciendo su labor, poniendo sus esfuerzos investigativos y noticiosos al servicio de esta tarea. Es una labor que tiene que hacerse con toda decisión y al mismo tiempo con prudencia, para evitar caer en la inconveniente cacería de brujas. El trabajo va a medio camino, porque todo indica que hay otras multinacionales presentes en Colombia, y mencionadas en expedientes judiciales en Brasil, que utilizaban la misma práctica.

Por eso, en medio del desolador panorama, es bienvenida la ayuda que están entregando las autoridades de Estados Unidos, Suiza y Brasil para seguir la ruta del dinero sucio y destapar el nombre de nuevos implicados. La Fiscalía ya estudia al menos tres principios de oportunidad, uno de ellos con el exviceministro Gabriel García Morales, que, sin duda, van a ayudar a destapar los rostros de los otros cómplices de esta red de corrupción, que parece estar activa desde los 90 y también afectó obras en la capital del país en un entronque con el saqueo a través del llamado ‘carrusel’ de la contratación y con otros escándalos sobre los cuales es imperativo que se conozca la verdad y que respondan los implicados. Y es que así como esta clase de episodios sacuden a la sociedad y a las instituciones, son una oportunidad inmejorable para que estas, con una respuesta efectiva, justa y acertada, salgan fortalecidas.

EDITORIALeditorial@eltiempo.com.co

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