Editorial: El código para la convivencia

Editorial: El código para la convivencia

Colombianos tienen, a partir de este 30 de enero, una nueva cartilla de comportamiento ciudadano.

29 de enero 2017 , 03:29 a.m.

Una de las normas más trascendentales de las últimas décadas en el país, que tiene que ver con el comportamiento social, entra en vigencia a partir de mañana. Tras casi 50 años, Colombia cuenta con un nuevo Código de Policía y Convivencia, y se espera que sus buenos efectos empiecen a notarse desde ya en la vida de los colombianos.

Y no es una expectativa infundada: como pocas leyes, el código contiene disposiciones que tocan el día a día de las personas y fija reglas mínimas de comportamiento que, sin duda, harto se requieren en estos momentos. Son 243 artículos que les ponen, por fin, dientes a las sanciones contra aquellos que alteran la convivencia ciudadana.

Era una necesidad esta herramienta, urgente para las autoridades. No es un secreto que el código derogado fue redactado en 1970 y se había convertido en un rey de burlas, por lo desueto de sus multas –80 pesos por arrojar basura en la calle–. Y porque en estos 47 años mucho ha cambiado la nación. Inclusive las contravenciones y la misma sociedad. De hecho, algunos de los comportamientos que castiga administrativamente la nueva norma simplemente no existían en aquella época, como la alteración de los códigos de identidad de los teléfonos celulares, para solo poner un ejemplo.

Las leyes inoperantes producen un efecto totalmente contrario a la intención con la que fueron redactadas. Eso estaba pasando con el viejo código, pues la impunidad que rodeaba prácticamente cualquier comportamiento reprochable terminaba siendo un incentivo, digamos, para los malos vecinos o los irresponsables que se cuelan en TransMilenio, arriesgando su vida.

Con el agravante de que disputas relativamente triviales que debían resolverse por la vía del respeto terminan muchas veces, como se ha visto, en tragedias. No es casual que, según cálculos de las autoridades, cerca del 40 por ciento de los casos de homicidio en el país tengan como antecedente riñas y problemas de convivencia.

Los ciudadanos, a fuerza de carecer de mayores opciones, tenían que resignarse a aceptar comportamientos que irrespetan al otro. El ruido desbordado a cualquier hora del día, las reparaciones locativas en las noches o los feriados, la tenencia irresponsable de mascotas y las calles hechas basureros se convirtieron así en un cuadro recurrente.

Pues, desde este 30 de enero situaciones como esas pueden ser –o deben ser, mejor– sancionadas. La Policía, que tiene en la efectiva aplicación del nuevo código uno de los mayores retos de su historia, podrá imponer correctivos que van desde la amonestación verbal hasta multas que llegan a los 32 salarios mínimos diarios.

Por supuesto, ese procedimiento está debidamente reglado, y existen las instancias necesarias para apelar las sanciones y denunciar abusos. También se ha establecido un régimen para forzar los pagos y evitar que el código se quede en el papel. Así, si el ciudadano no está de acuerdo con la sanción, puede impugnarla en un máximo de tres días. Una vez esta queda en firme, y si no hay pago, el infractor terminará incluso reportado en el ‘Boletín de responsables fiscales’ de la Contraloría y, de esta manera, impedido para contratar con el Estado.

Dicho esto, es claro que, no obstante la amplia difusión de la norma –la Alcaldía de Bogotá, a través de su Instituto de Participación, la está socializando en los conjuntos de propiedad horizontal–, hay muchos ciudadanos que no conocen aún los nuevos instrumentos con que cuentan para hacer valer sus derechos y, desde luego, para cumplir con sus deberes. Faltan y faltarán programas para difundir el código. La Policía tiene también el desafío de impedir que las nuevas reglas den pie a abusos y prácticas de corrupción que tanto daño les hacen a su imagen y a la confianza ciudadana.

Y algo que preocupa es que, como suele ocurrir, la entrada en vigencia del código llegó y no parece que muchos municipios, que deben habilitar los sistemas para el cobro y registro de las multas, hayan dado los pasos indispensables para ello. Es una tarea clave para que esta normativa impere y empiecen a retornar la convivencia y tranquilidad ciudadanas que se les embolataron a los colombianos hace años.

Colombia tiene, pues, una especie de cartilla de comportamiento que no se puede quedar en letra muerta. Y depende de todos, pero especialmente de las entidades civiles y policiales, no solo su divulgación amplia, por los diversos medios, sino su aplicación estricta.

El compromiso es enorme. En un clima que se espera cada vez de mayor paz, los desacuerdos, tropelías, riñas y muertes, la propia tranquilidad individual y comunitaria no pueden sufrir menoscabo por desidia o desconocimiento de las normas. Es tal la importancia de este texto que debería ser parte de la enseñanza escolar. Porque es la formación cívica de los nuevos ciudadanos.

editorial@eltiempo.com.co

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