Editorial: Las vías de la justicia

Editorial: Las vías de la justicia

Ante la corrupción, no hay otra opción a actuar con celeridad y firmeza, es un delito contra todos.

16 de enero 2017 , 01:48 p.m.

El impresionante escándalo que tiene su origen en la cadena de sobornos de la firma constructora brasileña Odebrecht corre como un virus contagioso por varios países. La epidemia también se declaró en Colombia, como lo demostraron las primeras capturas ordenadas por la Fiscalía General de la Nación.

Ya es bien conocido el caso del exviceministro de Transporte Gabriel García Morales –que ya aceptó los cargos formulados–, a quien el ente acusador señala de haber exigido 6,5 millones de dólares para que la multinacional ganara la concesión del tramo II de la Ruta del Sol, al garantizar que dicha firma fuera la única habilitada para la licitación. Al exfuncionario lo acompaña ahora en el banquillo de los acusados el exsenador Otto Nicolás Bula Bula, vinculado a pagos por 4,6 millones de dólares, pues sería el encargado de gestionar de manera irregular el contrato de la vía Ocaña-Gamarra.

Vale señalar que la compañía reconoció ante la justicia de Estados Unidos el haber asignado la friolera de 500 millones de dólares para, a través de sobornos, hacerse con obras en 12 países. La mancha negra salpica a Colombia con más de 11 millones de dólares girados entre el 2009 y el 2014.

Las revelaciones sobre el criminal entramado son consecuencia de las investigaciones que comenzaron en Brasil, las cuales demuestran el abominable contubernio que existía entre sociedades privadas y la clase política. Ante las evidencias, el único camino que procede es el de castigar a los culpables con todo el peso de la ley.

Vale la pena reconocer en esta ocasión la diligencia mostrada por la Fiscalía General de la Nación. Su titular, Néstor Humberto Martínez, está cumpliendo la promesa que hiciera en el discurso pronunciado durante su posesión, en el sentido de desplegar una lucha frontal contra la corrupción, a la que calificó como “el enemigo público número uno del país”. En la tarea sin cuartel por acabar con la venalidad, la cabeza del ente acusador merece el acompañamiento de las instituciones, los medios de comunicación y la sociedad en pleno.

El motivo es que este es un delito contra todos, pues implica mayores costos y menor cobertura de los programas sociales, educativos o de infraestructura. Nada deslegitima tanto la democracia colombiana como la impresión de que el presupuesto nacional es una especie de vara de premios de la cual se aprovechan los más vivos.

Por tal motivo, no hay opción diferente a la de actuar con celeridad y firmeza. Aparte de que Odebrecht resarza el daño pecuniario, como ha prometido, es imperativo que colabore en el proceso penal e incluso que cuente si en el pasado entregó dinero en forma irregular en otras operaciones del orden regional o municipal.

A su vez, resulta imperativo que las investigaciones develen los entramados existentes, pues sería ingenuo pensar que los sindicados hasta ahora actuaron solos. Solamente con castigos ejemplares que vayan hasta donde sea necesario será posible recuperar la confianza en el sistema. A nadie le debería interesar más esta cruzada que a los constructores honestos –que son la mayoría–, cuya reputación sufre por causa de unas pocas manzanas que deben irse a la basura –o, en este caso, a la cárcel–, que es donde pertenecen.

editorial@eltiempo.com.co

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