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Editorial: Buenaventura, un año después

Queda claro que el puerto no supera la pesadilla. Que todavía son colosales los retos.

EDITORIALmarzo 5 de 2015, 08:29 P.M.

Esta semana se cumple un año del sonado discurso del presidente Juan Manuel Santos en el que anunció una intervención integral de Buenaventura, luego de constatar la gravísima crisis por la que atravesaba el principal puerto del país. Pasados los 12 meses, la ONG Human Rights Watch publicó un informe como resultado de un riguroso trabajo de investigación in situ en el que evalúa la situación, tomando como punto de referencia el anuncio de marras.

Aunque algunas cifras muestran mejoras, como la disminución de los homicidios –entre abril y diciembre del 2014 se presentaron 96, en comparación con los 150 del mismo lapso en el 2013–, el cuadro completo no da pie para el optimismo.

El asunto es que desde marzo del año pasado hubo 39 nuevos casos de desaparición forzada y 30 de violencia sexual. Así mismo, en este periodo se han hecho 16 levantamientos de cadáveres que habían sido descuartizados. De ellos, sobre siete hay certeza de que sus muertes ocurrieron después del anuncio presidencial. Igualmente, se han exhumado 18 de fosas clandestinas. De los restos, por lo menos 12 también mostraban señales de haber sido “picados”.

Para completar el difícil panorama, 13.682 personas, según cifras oficiales, tuvieron que abandonar sus hogares por el asedio de los violentos –‘bacrim’ y Farc– entre abril y septiembre, registro que mantiene al municipio –no obstante una reducción con elación al 2013– como el que más casos de este flagelo presenta en el país.

Diversos testimonios recopilados indican así mismo que otros azotes, como la extorsión, siguen campantes. Según estas voces, las bandas están cobrando un porcentaje de la venta y distribución de los bienes básicos y el control territorial continúa siendo asfixiante, lo que da pie a las temibles fronteras invisibles.

Lo que más debe preocupar es que, a pesar de las buenas intenciones en cuanto a aumentar la presencia institucional a todo nivel, la impunidad continúa reinando y el despliegue de funcionarios parece insuficiente si se tiene en cuenta la envergadura de los aparatos criminales que deben enfrentar.

Por ejemplo, el documento subraya que solo uno de los 23 fiscales asignados a Buenaventura está dedicado de tiempo completo a esclarecer los casos de desaparición forzada, que son por lo menos 400. La mayoría de estos procesos están en etapa de indagación y solo cinco han dado pie a órdenes de captura. Por otro lado, varias fuentes señalan que la presencia de la Policía fue mermando y que esta se limita hoy en muchas ocasiones a las vías principales y a ciertas horas del día.

No se puede pasar por alto un diciente y doloroso indicador del drama social: de 24 detenidos por actos de desmembramiento de cuerpos, la mitad son menores. Y dice mucho de todo lo que aún queda por hacer para recuperar la confianza en las instituciones el que los habitantes se sigan negando a colaborar con las autoridades, por miedo a represalias, o porque temen que estas hayan sido infiltradas por los delincuentes.

Queda claro que el puerto no supera la pesadilla. Que todavía son colosales los retos y que para enfrentarlos habrá que mantener por mucho tiempo más el ímpetu inicial. No hay que bajar la guardia.

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EDITORIALmarzo 5 de 2015, 08:29 P.M.