Dos pasos y un obstáculo

Dos pasos y un obstáculo

La Corte Constitucional, el Fiscal, el Gobierno y las Farc dieron ejemplo de una actitud serena.

15 de octubre 2017 , 02:00 a.m.

Es evidente el contraste entre la actitud mostrada esta semana por la Corte Constitucional y quienes participaron en la reunión que permitió darle un impulso –que se espera sea definitivo– a la Jurisdicción Especial para la Paz y la del presidente de la Cámara de Representantes, Rodrigo Lara.

En la primera orilla, llama la atención cómo personas de muy distinta filiación pudieron encontrar puntos de unión en beneficio del país. Así ocurrió con los magistrados del alto tribunal, llegado el momento de decidir sobre la constitucionalidad del acto legislativo 02 de 2017, que le da estabilidad jurídica al acuerdo de paz con las Farc. Como es bien sabido, la Corte terminó dándole el visto bueno a dicha norma. Además, por lo que hasta ahora se conoce del fallo, dio claridad sobre este, lo cual es sin duda un aporte constructivo. Al tiempo que confirmó que los siguientes gobiernos no podrán modificar el acuerdo, abrió las puertas para que su ejecución se ajuste a las realidades políticas y presupuestales de los años venideros.

Una historia similar es la que da cuenta del entendimiento alcanzado entre el Gobierno, el Fiscal General y las Farc al término de la reunión del miércoles pasado en la Vicepresidencia, a instancias del ponente del proyecto de ley que reglamenta la justicia especial de paz, Hernán Penagos.

No es de poca monta el logro de encontrar consensos entre posturas que en los últimos días se habían mostrado, incluso, como antagónicas. Aquí, al igual que en la Corte, se demostró que vale la pena apostarle a la deliberación cuando esta es movida por un sincero ánimo de construir un mejor país. Seis horas duró el intercambio de puntos de vista para, al final, conseguir que las coincidencias afloraran –una lista encabezada por el propósito de hacer que la Jurisdicción Especial para la Paz, columna vertebral del posconflicto, sea una realidad– y pesaran más que las diferencias, naturales en una democracia. Hubo diálogo sereno y disposición de los presentes para escuchar y para dejar atrás los resquemores fruto de fuertes dardos intercambiados en el pasado reciente. Todo esto llevó a aclarar dudas –al concluir, los líderes de las Farc se declararon satisfechos– y, reiteramos, identificar coincidencias.

Pero lo positivo no se limitó a esto que mencionamos, se extiende al hecho de que surgieron del encuentro aportes fundamentales para el futuro de la JEP. Son precisiones vitales en la redacción del proyecto de ley que reglamenta este sistema de justicia, pues despejan de manera definitiva las dudas que había sobre asuntos como narcotráfico, testaferrato y situación jurídica de reincidentes y disidentes.

De Rodrigo Lara se espera una actitud garantista para que voces contrarias sean escuchadas 

A estas alturas, y después del encuentro de marras, quedó claro que la JEP no se ocupará de quienes sean juzgados por asuntos relacionados con cultivos ilícitos si estos se dieron después del 1.° de diciembre de 2016. Así mismo, que si se descubre que exguerrilleros ocultaron bienes y activos recurriendo a otras personas, perderán los beneficios del nuevo modelo. Por último, está ya instalada la certeza respecto a que guerrilleros disidentes y reincidentes (aquellos que cometan nuevos delitos tras ingresar a la JEP) serán procesados por la justicia ordinaria.

El anterior listado corresponde a la totalidad de los temas que alimentaban las inquietudes expresadas, y argumentadas, desde un principio por el fiscal general, Néstor Humberto Martínez. Luego de plantearlas en distintos escenarios, logrando no pocos respaldos, pudo acordar con Gobierno y Farc las modificaciones para incluirlas en la ley que finalmente se apruebe. Contribución notable, que merece reconocimiento.

Reconocimientos aparte, las virtudes subrayadas en estos dos casos brillan por su ausencia en la actitud asumida en las últimas semanas por el representante Rodrigo Lara, al punto de que ya circuló una misiva en la cual treinta de sus colegas le piden apartarse del cargo, al menos para el trámite de los proyectos relacionados con el acuerdo de paz.

Como presidente de la Cámara de Representantes, sobre sus hombros recae una particular responsabilidad: hacer cuanto esté a su alcance para que las iniciativas que implementan los acuerdos de paz salgan fortalecidas de su paso por la Cámara baja. Fortalecidas en términos de la legitimidad que viene de la mano de los aportes que surjan de una discusión plural y también de un trámite libre de vicios.

Es indudable que de él se espera una actitud garantista para que voces contrarias sean escuchadas, pero una cosa es concentrarse en promover la deliberación con el objetivo claro de buscar mejores leyes y otra, convertir ese rol en un fin, y en un fin en sí mismo que poco o nada aporta al país.

Se trata, en un momento crucial para Colombia, de quedar en la historia entre quienes supieron descifrar con grandeza el papel que les correspondía hacia las futuras generaciones.

editorial@eltiempo.com

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