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Cuidado con el subsidio

Ninguna ciudad puede subvencionar a diestra y siniestra sin afectar al grueso de la población.

Editorial .
El incidente ocurrido la semana pasada, cuando un miembro de la policía antimotines dejó caer una bala de gas lacrimógeno frente a un grupo de manifestantes, dio pie para que se dijera que el hecho había afectado a personas en condición de discapacidad que protestaban por el recorte en los subsidios de transporte.

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El hecho sirvió para que desde algunos sectores se atacara la política que en esta materia viene aplicando la administración del alcalde Enrique Peñalosa. Incluso, respetados concejales cayeron en la tentación de lanzar dardos contra un esquema que vale la pena mirar de cerca para evitar equívocos.
Los subsidios, en su definición aséptica, son un beneficio económico que el Estado otorga a quienes por su condición social, económica o de salud lo requieren. Muchos de ellos empiezan a ser examinados desde la óptica del costo-beneficio que representan, sobre su impacto real en la gente, si contribuyen a mejorar la calidad del servicio que se brinda o no.

La liberalidad con que se manejó el tema degeneró en exabruptos que hoy impactan seriamente las arcas oficiales.

En el caso de Bogotá, hay que mirar las cosas de manera objetiva. Ninguna ciudad puede darse el lujo de subvencionar a diestra y siniestra sin que se afecten programas sociales para el grueso de la población. Hay que hacerlo de manera responsable, justa, midiendo los alcances de cada beneficio y que estos lleguen a quienes realmente lo necesitan.
No es un secreto que los gobiernos de izquierda que durante más de una década tuvieron las riendas de la ciudad basaron su estrategia de gobierno en el otorgamiento de subsidios. Lo cual no está mal. No obstante, la liberalidad con que se manejó el tema degeneró en exabruptos que hoy impactan seriamente las arcas oficiales.
Sucedió en el caso de TransMilenio. Según la Alcaldía, mientras en el 2013 el costo del beneficio a discapacitados fue de $ 2.000 millones, en 2015 se elevó a $ 10.000 millones (400 % más) y en 2016 a $ 21.507 millones (110 % más). En 2017 superaría los $ 30.000 millones. ¿Qué explica semejantes saltos? Una sobredimensión del beneficio sin tener claro a quien iba dirigido y dando pie a que terceros se aprovecharan del mismo.
Un estudio de la Secretaría de Movilidad demuestra que las personas discapacitadas realizan en promedio 12 viajes al mes en el transporte público, pero se les estaban dando 50. El resto de los pasajes tenía otro destino. El gobierno acaba de dejarlos en 25, a razón de $ 22.500 mensuales.
Las trampas se extienden al ámbito nacional. Planeación Nacional halló cerca de 300.000 colados en el Sisbén, 120.000 de los cuales son fallecidos que siguen en el sistema. Lo más grave de todo, y que riñe con normas básicas de presupuesto, es que se avalan subsidios sin tener las fuentes de financiación, pues políticamente siempre es más rentable aprobarlos que conseguir los recursos y sostenerlos en el tiempo.
Hace bien Bogotá en comenzar a sanear semejante caos, pero lo que se necesita con urgencia es revisar el manejo que el sistema de seguridad social está realizando a la hora de calificar la condición de discapacidad de una persona, sobre todo si, como aseguran expertos, apenas entre 1 y 5 por ciento de quienes se encuentran en tal condición merecen un subsidio. Lo demás es avivatada, en desmedro de quienes de verdad lo precisan.
editorial@eltiempo.com
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