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Banderazo para la justicia de paz

Con la elección de los miembros de la JEP se avanza definitivamente en la búsqueda de la verdad.

Editorial .
En los tiempos contemplados, a pesar de lo complejo de su misión, el Comité de Escogencia de los funcionarios del nuevo Sistema Especial de Justicia Integral para la Paz terminó este martes la selección de los 38 magistrados del Tribunal para la Paz, las salas de justicia y sus 13 suplentes.
A ojos del país, que tuvo la oportunidad de expresar a través de varios canales su apoyo y sus reparos a los más de 2.300 candidatos, el comité seleccionó un grupo de destacados colombianos, algunos más conocidos que otros, que tendrán en los próximos 15 años la misión de administrar la justicia requerida para afianzar la paz en Colombia.
De manera simultánea, el Congreso empezó este martes, por fin, la discusión de la reglamentación de la justicia especial para la paz, con lo que el segundo experimento de justicia transicional avanza hacia su despegue definitivo, previsto, a más tardar, para el primer trimestre del 2018.
En medio de mucho ruido y de aspiraciones polémicas, los encargados de seleccionar, justo es decirlo, hicieron un juicioso trabajo que, en general, ha sido bien recibido por el país.

Que ese sacrificio valga la pena dependerá no solo de que el Estado brinde toda la logística y los recursos necesarios para la tarea y de que las Farc y otros eventuales beneficiarios de la JEP

Entre los nuevos magistrados no hay nombres que, al menos de entrada, generen alertas. Veinte de los 38 seleccionados (el 53 por ciento) son mujeres, lo que marca también una notoria diferencia con la composición normal de los altos tribunales en Colombia y, en general, con la del aparato estatal, en el cual ellas siguen siendo minoría. Cuatro de los magistrados son indígenas; otros 4, afrocolombianos, y seis de cada diez vienen de las regiones. Dos provienen de la justicia penal militar, lo que constituye, de paso, un importante reconocimiento a la legitimidad y representatividad amplia en la composición del nuevo sistema de justicia.
Y el método de elección, basado en una pormenorizada revisión de la hoja de vida de cada candidato y una entrevista que cualquier colombiano está en capacidad de revisar, marca algo clave: estos nuevos magistrados no deben su puesto ni a favores políticos ni a palancas de ninguna clase, por lo que podrán empezar a trabajar y a conformar sus equipos sin las presiones que son usuales en los despachos públicos.
El reto es enorme, y eso lo saben bien los elegidos y quienes aún están por integrar el nuevo sistema. En todo proceso de paz, la justicia alternativa es la base que da legitimidad a los acuerdos, pues, aunque los victimarios no reciben las penas contempladas para sus graves crímenes, hay otros elementos, en el papel, que compensan a las víctimas: la reparación integral y, sobre todo, la verdad plena, los más relevantes.
Garantizar esa verdad con transparencia y lejos de revanchismos y suspicacias es fundamental. Este país ha hecho una enorme apuesta que lo ha llevado, como hace una década con los ‘paras’, a sacrificar una importante dosis de justicia en aras de la paz, la verdad, la reparación de las víctimas y la no repetición. Que ese sacrificio valga la pena dependerá no solo de que el Estado brinde toda la logística y los recursos necesarios para la tarea y de que las Farc y otros eventuales beneficiarios de la JEP cumplan sus compromisos de confesar plenamente lo que hicieron en la guerra. También estará en manos de los nuevos operadores enviar el mensaje de que la justicia alternativa era el camino correcto.
editorial@eltiempo.com
De izquierda a derecha: Yesid Reyes, Mónica Cifuentes, Danilo Rojas, Ilva Myriam Hoyos y el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte.

De izquierda a derecha: Yesid Reyes, Mónica Cifuentes, Danilo Rojas, Ilva Myriam Hoyos y el general (r) Gustavo Adolfo Ricaurte.

Foto:Héctor Fabio Zamora, Archivo particular, Mauricio Moreno, David Osorio y Milton Díaz / EL TIEMPO

Editorial .
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